Denuncia CNI que gobierno incumple compromiso de dar seguridad en su visita a Chilapa
Los activistas denunciaron que las autoridades federales y estatales rompieron el acuerdo de escoltar a activistas y periodistas que documentarán el desplazamiento forzado de indígenas bajo el asedio criminal
Itzel Urieta. Chilpancingo, 22 de mayo 2026
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denunciaron que autoridades federales, estatales y municipales incumplieron el compromiso de brindar acompañamiento de seguridad a la Misión Civil de Observación que se dirige a comunidades de la Montaña Baja del estado afectadas por hechos de violencia y desplazamiento forzado.
A través de una transmisión en vivo, las organizaciones señalaron que la misión tenía como destino principal la comunidad de Alcozacán, en el municipio de Chilapa, donde sus habitantes han denunciado ataques atribuidos al grupo criminal Los Ardillos.
Indicaron que la visita tiene como objetivo documentar violaciones a los derechos humanos y acompañar a las familias desplazadas.
De acuerdo con el comunicado, los ataques armados comenzaron el pasado 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, hechos que provocaron el desplazamiento de más de mil personas que posteriormente buscaron refugio en Alcozacán.
El 11 de mayo esa comunidad también fue atacada, lo que generó un nuevo desplazamiento masivo.
Las organizaciones afirmaron que actualmente suman más de 2 mil personas desplazadas entre habitantes de Alcozacán y personas que previamente habían llegado de otras comunidades afectadas por la violencia.
La Misión Civil de Observación está integrada por organizaciones nacionales e internacionales, periodistas y observadores de derechos humanos.
Entre los participantes se encuentran el Congreso Nacional Indígena, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, además de colectivos y organizaciones sociales.
De acuerdo con el pronunciamiento, cerca de las 10 de la mañana de este jueves, cuando la misión se encontraba a unos 40 minutos de Tlapa, Jesús Plácido, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ), fue notificado de que no existiría acompañamiento de las corporaciones de seguridad, pese al acuerdo previo con las autoridades.
La misma información fue comunicada a los integrantes de la misión y a personas incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ante esta situación, las organizaciones acusaron al Estado mexicano de incumplir su compromiso y responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión o situación de riesgo que pudiera sufrir la misión durante su traslado e ingreso a Alcozacán.
“Nuevamente lo decimos, el Estado mexicano mintió, pues se había comprometido a acompañar esta Misión, darle protección y que pudiera llegar a Alcozacán a cumplir con sus objetivos”, expusieron.
Llamaron a organizaciones, colectivos y a la ciudadanía a denunciar la situación y exigir garantías de seguridad para quienes participan en la misión y para las comunidades desplazadas de la Montaña Baja.
