Arma policía comunitaria de Ayahualtempa a niños y adolescentes para presionar al gobierno a encontrar a familia secuestrada

Texto: Redacción

Foto: Óscar Guerrero

Chilpancingo, 24 de enero 2024

En la cancha techada de la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, este miércoles en una asamblea fueron presentados 20 menores de edad armados, entre ellas cinco niñas, por la policía comunitaria como forma de presión al gobierno estatal para la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que fueron secuestrados por un grupo armado.

Una de las niñas comunitarias tiene 13 años, cursa la secundaria, no es mucho más grande que el largo de la escopeta que le dieron.

Confiesa que desde hace tres años aprendió a disparar, y que el tiro no le da miedo, porque sus padres y hermanos también están en la policía comunitaria.

–¿Por qué es necesario que ustedes (niñas y niños) se integren a la policía comunitaria, por qué tú quisiste o tus papás te dijeron?–, se le pregunta después del acto.

“Porque queremos defender a nuestra familia, porque el gobierno no nos quiere hacer caso, no quiere hacer justicia, pero nosotros sí queremos”, responde la menor cubierta del rostro con un paliacate y de la cabeza con una gorra negra, viste mallón negro y una playera verde olivo holgada que dice policía comunitaria.

Otra de las cinco niñas, tiene 14 años, ella tiene cinco años que aprendió a disparar una escopeta, y cuando se le pregunta lo mismo expone que quiere defender a su pueblo y a sus familiares.

Durante una asamblea que se desarrolló este jueves en esta localidad ubicada en la Montaña Baja de Guerrero, la dirigencia de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) le tomaron la protesta al grupo de 20 de menores que tienen una edad entre 11 a los 17 años.

En el grupo de los menores armados estuvieron las cinco niñas, dos de ellas armadas y tres cargando palos con los que entrenan el manejo del arma.

La asamblea comunitaria se realizó este jueves luego de que el pasado viernes 19 de enero en la mañana, hombres armados privaron de su libertad por la fuerza a Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años, su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52 años y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 32 y 20 años, cuando reunían su ganado en un lugar conocido como Zacatepec, ubicado a hora y media de camino de la comunidad de Ayahualtempa.

De acuerdo a la versión de los dirigentes de la CRAC-PF, los delincuentes que se llevaron a los integrantes de esta familia pertenecen a la organización criminal de Los Ardillos.

El consejero de la CRAC-PF, Luis Morales Rojas expuso que los niños y adolescentes que se incorporaron a las filas de la policía comunitaria no van a participar en las labores de búsqueda de las cuatro personas plagiadas.

Luis Morales denunció que las operaciones de búsqueda que desde el pasado domingo 21 están realizando las fuerzas federales y estatales, así como personal de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas no ha dado ningún resultado.

“El operativo del gobierno sólo se centra en el territorio comunitario, pero no acuden a la zona donde a los cuatro los tienen secuestrados”, afirmó Luis Morales.

Según los dirigentes de la CRAC-PF, una persona que logró comunicarse vía telefónica con la señora Cecilia Gaspar Hernández, le comentó que los tenían secuestrados en la comunidad de Tlanicuilulco.

Tlanicuilulco, al que se refiere la mujer que habló con la secuestrada, podría tratarse de un poblado que pertenece al municipio de Quechultenango, en donde el grupo criminal de Los Ardillos, tiene su centro de operaciones.

Este martes, el director de Gobernación del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvieron una mesa de trabajo con pobladores y autoridades en la comunidad de Ayahualmtempa, para comprometerse a intensificar la búsqueda de las cuatro personas secuestradas por el grupo armado.