Analizarán en próxima Asamblea Nacional Popular suspender boicot de elecciones, informa Vidulfo Rosales Sierra

Esperan conocer en la reunión con Andrés Manuel López Obrador el 3 de junio “un corte de caja” de la investigación del caso Ayotzinapa. “Esperamos que el próximo gobierno de continuidad a la investigación de los 43”, sostuvo el abogado.

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Texto: Emiliano Tizapa Lucena

Foto: Oscar Guerrero

Chilpancingo, 1 de mayo 2024

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra informó que se analizará la suspensión del boicot de las elecciones en una próxima Asamblea Nacional Popular (ANP) luego de que era un mecanismo de presión para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reuniera con ellos.

También afirmó que en la reunión buscan que en el encuentro que tendrán con el mandatario federal el 3 de junio se clarifique que el gobierno de López Obrador “corra con los costos políticos de su fracaso en la investigación del caso Aytozinapa”.

En declaraciones afuera de Palacio de Gobierno al concluir la marcha en conmemoración al Día del Trabajo, Rosales Sierra comentó que esperan que en la reunión con el presidente López Obrador el próximo 3 de junio les informe el avance de las líneas de investigación que tienen que ver con el Ejército, de la extradición de Tomás Zerón de Lucio de Isarael; del traslado de 17 estudiantes de barandilla municipal de Iguala a Loma de Coyotes y de los 866 folios que el Ejército Mexicano no ha entregado.

“Esperamos que el Gobierno pueda hacer un balance, un corte de caja, que se nos puede explicar dónde estamos en este momento y qué es lo que falta en la investigación”, sostuvo el abogado.

La intención, dijo Rosales Sierra, es “que el gobierno de López Obrador corra con los costos políticos de su fracaso en la investigación del caso Aytozinapa”.

Argumentó que en un primer momento, AMLO sostuvo que estaba dispuesto a que se investigará al Ejército, pero “cuando salieron datos concretos, pruebas concretas de su responsabilidad y cuando el Ejército presionó para que no se le investigara, el presidente optó por respaldarlo y ahí nos encontramos”.

Rosales Sierra reiteró la importancia de los 800 folios del Ejército, porque podría haber datos de prueba en la investigación, como corroborar lo que un testigo declaró: que 25 normalistas fueron ingresados al Batallón de Iguala, ahí fueron torturados, varios de ellos murieron y después fueron llevados a una colonia en Iguala donde el resto de estudiantes fueron asesinados, además todos fueron destazados y echados en bolsas negras y llevados a una funeraria de Iguala.

“Esa información es de un testigo nada más. Entonces tendría que haber una profundización, tendría que ampliarse la investigación al respecto y los 800 folios nos pueden dar datos”, manifestó.

¿Boicot electoral suspendido?

El pasado 15 de abril, en una Asamblea Nacional Popular (ANP) celebrada en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 llamaron al boicot de las campañas y del proceso electoral para protestar ante la negativa del presidente de la República de reunirse con ellos.

Luego de que se confirmó que López Obrador recibirá a los padres el próximo 3 de junio -un día después de las elecciones- junto a sus abogados y acompañantes defensores de Derechos Humanos, Rosales Sierra informó que la suspensión del boicot al que habían llamado tendrá que definirse en una próxima reunión de la ANP.

“No sabemos, eso lo va a tener que definir la ANP en una próxima asamblea que haya, o sea, no pueden los padres y los estudiantes de manera unilateral tomar una decisión, pero obviamente si es un elemento considerable de peso en la valoración, la reunión, porque era una de las condiciones para que se diera la reunión”, expuso.

Rosales Sierra afirmó que la lucha de las madres y padres de los 43 no está interesada en boicotear las elecciones, sino que “el boicot tenía el objetivo de ejercer una palanca de presión para que se diera la reunión (con el presidente)”.

Confirmó que las madres y los padres no se han reunido con ningún candidato del actual proceso electoral, como sí lo hicieron en 2018 precisamente en un mitin de López Obrador en Iguala.

“Nos queda claro que ya no se pudo hacer nada en este gobierno, esperaremos que el que venga de continuidad a la investigación, es obligación del gobierno esclarecer los hechos del caso del Ayotzinapa”, precisó.

Gobierno de los Salgado continúa criminalización de Ayotzinapa

El Palacio de Gobierno o la “casa del pueblo” como la apoda la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, fue bloqueada su puerta principal desde dentro por la seguridad ante el arribo del contingente del magisterio de la Coordinadora Regional de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), que fue acompañado por otras organizaciones sociales.

Afuera del Recinto del Poder Ejecutivo de Guerrero, Vidulfo Rosales Sierra reflexionó que “el gobierno de la familia Salgado” se ha vuelto insensible a la demanda social y ha traicionado la causa de los pueblos y de los derechos humanos.

Sostuvo que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda ha desligitimado y minimizado la lucha de los normalistas de Ayotzinapa, quienes han abrazado las causas de los pueblos.

“Este gobierno (de Guerrero) no hace nada, como si la desaparición de los 43 hubiese ocurrido en China, en Japón, no se siente interpelado este gobierno por la desaparición de los 43”, comentó.

Aseguró que Salgado Pineda ha dado una continuidad en la criminalización de la lucha de Ayotzinapa y de los sectores del pueblos, de las luchas independientes y de la lucha de la izquierda.

“Los gobiernos autoritarios, en Aguas Blancas dispararon los campesinos; el 12 de diciembre (de 2011) con un gobierno de Ángel Aguirre Rivero del PRD, dispararon los estudiantes, fabricaron pruebas, torturaron a personas y recordemos, a Gerardo Torres lo hicieron disparar un arma y lo culparon a él. Ahora el gobierno de Morena de Evelyn Salgado, pasa lo mismo, asesinan a Yanki Kothan, y los responsable son los estudiantes; manipulan la prueba, torturan, detienen de manera ilegal y es lo mismo, en qué se diferencia este gobierno de los anteriores, continúa la criminalización de las luchas populares, tal cual lo hacían los gobiernos priistas y perredistas”, opinó.