Pide audiencia Abelina López con la Jucopo; solicitará despido de auditor
Fuentes del Congreso de Guerrero informaron que la alcaldesa con licencia acudirá al Poder Legislativo en calidad de ciudadana y que la Jucopo concederá la audiencia solicitada, porque es un derecho que no puede negarse
Itzel Urieta. Chilpancingo, 16 de julio 2026
La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, solicitó una audiencia con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local para exponer los argumentos por los que considera que Marcos César Paris Peralta Hidalgo debe dejar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
De acuerdo con fuentes del Congreso local, la petición surgió después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la ASE no tenía facultades para fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco, luego de que aseveró que tenía observaciones por 898 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
Según la información consultada, López Rodríguez acudirá al Poder Legislativo en calidad de ciudadana, debido a que actualmente cuenta con licencia al cargo de presidenta municipal.
La misma fuente indicó que la Jucopo le concederá la audiencia, porque es un derecho que no puede negarse a los ciudadanos.
Los diputados esperarán que López Rodríguez promueva algún procedimiento legal derivado de la resolución emitida por la SCJN.
El conflicto se originó luego de que en abril de 2025, la ASE reportó presuntas irregularidades por 898 millones de pesos en recursos destinados a obras públicas ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco durante 2023.
La ASE señaló que no se presentó documentación comprobatoria de 511 obras y dos acciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).
Después, el caso llegó a la SCJN, que resolvió que la ASE carecía de atribuciones para revisar esos recursos federales.
Tras conocerse la sentencia, la ASE sostuvo que la resolución únicamente anuló el procedimiento de fiscalización, pero no eximía al Ayuntamiento de posibles responsabilidades sobre el manejo de los recursos.
