Identifican a 17 implicados más en el caso Ayotzinapa por rastreo de llamadas telefónicas: informa Fiscalía
Un nuevo peritaje a las comunicaciones telefónicas de 2014 y 2015 reveló la implicación de 17 personas entre servidores públicos, policías, integrantes de Guerreros Unidos y particulares. Los hallazgos abren líneas de investigación sobre el uso de teléfonos de los normalistas, traslados a la Barandilla municipal, la incineración clandestina en funerarias de Iguala y la implicación de exfuncionarios de alto nivel
Itzel Urieta. Chilpancingo, 28 de septiembre 2026
El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez, informó que un nuevo análisis de las comunicaciones registradas durante y después de la desaparición de los 43 normalistas permitió identificar a 17 personas que ahora son investigadas.
Durante la presentación de los avances de la investigación, explicó que el análisis de las comunicaciones de 2014 y 2015 permitió reconstruir vínculos entre personas que tuvieron contacto durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pazarán Álvarez detalló que entre las personas identificadas mediante este análisis hay servidores públicos, policías, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y particulares cuyas comunicaciones no se habían analizado antes.
Uno de los hallazgos corresponde al teléfono del normalista Jorge Antonio Tizpa Legideño, cuyo dispositivo fue utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 por Mauro “N”, exservidor público de Iguala. Por este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión el 25 de agosto de 2026 por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Otro teléfono, perteneciente a Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fue utilizado por un policía municipal de Iguala el 30 de septiembre de 2014 y, posteriormente, por su pareja.
La Fiscalía también detectó que el teléfono de Israel Caballero Sánchez fue utilizado por la esposa de un exfuncionario municipal asignado a Barandillas de Iguala, una línea que, de acuerdo con Pazarán Álvarez, apunta a investigar el posible traslado de algunos estudiantes a esas instalaciones.
“Lo que refuerza la hipótesis de que algunos normalistas fueron trasladados a la Barandilla municipal de Iguala”, dijo Pazarán Álvarez.
El nuevo análisis también permitió establecer comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y Rodolfo “N”, empresario y dueño de la funeraria El Ángel, la cual funcionaba como Servicio Médico Forense (Semefo) en Iguala.
Pazarán Álvarez informó que Rodolfo “N” tuvo ocho comunicaciones con Irving “N”, entonces estudiante y actualmente nutriólogo. A partir de esta información, la Fiscalía abrió una línea relacionada con las funerarias y los hornos crematorios.
En octubre de 2025, durante un cateo en la funeraria El Ángel, fueron localizados un fragmento de hueso humano, un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, documentación relacionada con Irving “N” y un horno crematorio clandestino no registrado.
También fueron localizados certificados de defunción, oficios de traslado y autorizaciones de inhumación que tenían firmas y sellos oficiales, pero que estaban en blanco.
De acuerdo con Pazarán Álvarez, testimonios de colaboradores identificados como Sonia, Damián y Pineto refirieron que a algunos estudiantes pudieron trasladarlos a funerarias para incinerarlos. Estos testimonios y los hallazgos en las funerarias y el Semefo forman parte de una de las nuevas líneas de investigación del caso.
Por esta línea se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión el 17 de junio de 2026 contra cuatro integrantes de la familia propietaria de las funerarias y tres exservidores públicos relacionados con el Semefo de Iguala.
Otra de las líneas de investigación tiene que ver con las cámaras de videovigilancia del Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), debido a que algunas tenían como punto de observación la zona donde desaparecieron algunos normalistas.
Pazarán Álvarez señaló que por esta línea fueron detenidas Lambertina “N”, expresidenta del TSJ, y Blanca “N”, exsubprocuradora del TSJ. Ambas colaboraron con las autoridades. También fue detenido el exgobernador Ángel Aguirre Rivero el 6 de agosto de este año, por desaparición forzada.
Reportó que actualmente la investigación del caso Ayotzinapa comprende 162 expedientes: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales.
En total, 168 personas están sujetas a proceso; 130 permanecen detenidas y 38 tienen medidas cautelares.
El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina Padilla, señaló que las investigaciones sobre las videograbaciones y las comunicaciones telefónicas continuarán y serán profundizadas.
“Había corrupción y vínculo criminal entre autoridades y delincuencia organizada”.
Sobre los 800 folios del Ejército con información del caso, Medina Padilla aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya entregó toda la información a las autoridades y negó que haya más expedientes.
