GUERRERO

Sin apoyo estatal, arrancan 22 colectivos búsqueda de fosas en Chilpancingo

Integrantes de colectivos nacionales iniciaron este lunes la octava Brigada Nacional de Búsqueda en la comunidad de Amojileca; denunciaron que autoridades estatales cancelaron reuniones en tres ocasiones y les negaron hospedaje y víveres


Yasmín García
Foto: Óscar Guerrero
Chilpancingo, Gro., a 16 de noviembre de 2026.

Familias buscadoras provenientes de todo el país comenzaron búsquedas en campo en la comunidad de Amojileca, municipio de Chilpancingo, donde tienen información de fosas clandestinas.

La jornada de búsqueda se realiza sin apoyo del gobierno estatal en víveres y hospedaje para las madres buscadoras que acuden de estados como Veracruz y Sinaloa.

Esta mañana, las buscadoras y buscadores se concentraron en el estacionamiento de una tienda departamental al sur de Chilpancingo, en donde esperaron a las distintas corporaciones de seguridad, entre ellas la Guardia Nacional y la Policía Estatal, que brindarán resguardo durante la jornada.

En declaraciones, la representante del colectivo Hasta Encontrarles Guerrero, Diana Rufino Tapia, denunció que el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, canceló reuniones en tres ocasiones y negó apoyos de hospedaje y víveres para las familias buscadoras.

Es la octava Brigada Nacional de Búsqueda, en la que participan 22 colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Eligieron Guerrero por el alto índice de violencia y porque hay más de cinco mil personas desaparecidas, de acuerdo con cifras de los colectivos.

La representante del colectivo Familias en Búsqueda María Herrera, Gemma Antúnez Flores, indicó que la brigada nacional consta de tres ejes: búsqueda en campo; visitas a reclusorios y hospitales; y concientización y visibilización en escuelas y oficinas gubernamentales sobre la crisis de desapariciones forzadas.

En esta jornada también participan la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal de la Comisión de los Derechos Humanos.

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