Exigen un pago de 700 mil pesos a una joven encarcelada en Cochoapa el Grande

La activista Nei Arias Vitinio, afirmó que no ha funcionado el programa contra el matrimonio forzado, porque según ella, se siguen dando en los municipios más marginados de Guerrero

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Jesús Guerrero. Chilpancingo, 23 de abril 2025.

Una menor de 16 años de Cochoapa el Grande, que dos años antes fue obligada a contraer matrimonio forzado, fue encarcelada cuatro días en esa localidad indígena y está siendo obligada junto a su madre a regresar 700 mil pesos que supuestamente los padres de su esposo pagaron por la “dote”.

El esposo de la menor solicitó su detención y encarcelamiento porque le descubrió en su teléfono celular unas fotografías de su exnovio.

La menor de edad que vive en la colonia San Antonio, en Cochoapa, fue detenida y encarcelada el pasado 12 de abril por policías comunitarios a petición de su esposo.

Ese mismo día, el grupo de autodefensas que están al mando del presidente del consejo y justicia para los pueblos originarios, Lorenzo Moreno Ventura, detuvieron y encerraron a Samuel, ex novio de la menor.

Lorenzo Moreno quien en Cochoapa es el presidente del Consejo de Justicia y Certeza y Justicia de Pueblos Originarios y quien es tío del esposo de la menor fue el que encabezó las detenciones de ella y la de Samuel, su exnovio.

El 15 de abril, la menor de edad y Samuel fueron liberados luego de que los papás de ambos, Carlos Martínez Santiago y Paulina Flores Francisco, se comprometieron a pagar 700 mil pesos a los padres del esposo de ella que según habrían entregado para la celebración del matrimonio forzado.

“El plazo para hacer ese pago de 700 mil pesos vence el próximo 30 de este mes de abril y se corre el riesgo de que la mamá de la menor que fue obligada a casarse hace dos años, el ex novio de ella y los padres de éste sean detenidos por la policía comunitaria”, alertó Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Sin embargo, la menor de 16 años que sufrió matrimonio forzado, logró huir de su pueblo luego de que recobró la libertad.

En el convenio que firmaron para que ambos salieran de la cárcel establece Samuel, el ex novio y su papá papá tendrán que pagar 250 mil pesos y la mamá de la menor, 450 mil pesos.

Neil Arias contó que cuando ellos como Centro de Derechos Humanos se dieron cuenta del encarcelamiento de la menor de edad y su ex novio hablaron con el alcalde del municipio de Cochoapa, el petista Javier Gálvez para que interviniera y ordenara la liberación de los detenidos pero nunca dio respuesta.

“El posicionamiento del alcalde para estos casos es porque desconoce que atención darle al caso porque es una práctica común dentro de las comunidades”, dijo la activista en entrevista.

Mencionó que la menor de 16 años de edad que fue obligada a casarse a los 14 años fue explotada por los padres de su esposo ya que se la llevaron a trabajar a los campos agrícolas en Sinaloa durante casi dos años.

“O sea la menor de edad sufrió múltiples violaciones a sus derechos humanos, desde que la obligan a casarse y luego la obligan a trabajar y el dinero que gana se lo daba a los papás de su esposo; eso es inaudito”, dijo Neil Arias.

Condenó que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda no haga nada para tomar acciones de verdad para prevenir los matrimonios forzados de niñas en los municipios de la Montaña.

En noviembre del 2021, semanas después de asumir el cargo, Evelyn Salgado estuvo en Tlapa con la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón en el arranque de la estrategia para prevenir, sancionar y arradicar la violencia contra las niñas y mujeres.
“Guerrero será un santuario de las mujeres”, dijo en esa ocasión la mandataria estatal.

Pero para la activista Nei Arias, no ha funcionado ese programa, porque según ella, los matrimonios forzados de niñas o menores de edad se siguen dando en estos municipios más marginados de Guerrero.

“Pero no solamente son los matrimonios forzados, son los feminicidios”, refirió.
“La Secretaría de la Mujer ni la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas del gobierno del estado ponen atención a este problema de violaciones a los derechos humanos”, indicó la abogada de Tlachinollan.