GUERRERO

Entrega sacerdote pruebas al juzgado para buscar a siete campesinos desaparecidos

El Centro de Derechos Minerva Bello aportó datos sobre probables ubicaciones y características de los siete campesinos desaparecidos en la sierra de Ajuchitlán. Exigen que la búsqueda la asuman las autoridades bajo presunción de vida y señalan llamadas del crimen organizado hacia las familias


Itzel Urieta. Chilpancingo, 7 de octubre 2026

El director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, entregó esta tarde al Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo información que le fue requerida como parte del amparo indirecto promovido para localizar a los siete campesinos desaparecidos de El Balcón, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso.

Explicó que la información fue solicitada por el Juzgado Primero de Distrito a partir del amparo indirecto promovido por el Centro Minerva Bello a nombre de las víctimas, para que las autoridades de los tres niveles de gobierno intensifiquen las acciones para localizar a los siete campesinos.

“Traemos la información que se nos requiere, especialmente características de las personas, posibles ubicaciones a donde se los hubieran podido llevar y toda la información que ayude”, dijo.

Velázquez Florencio confirmó que el menor de 12 años, Jordi Alberto Atanacio Vidal, desaparecido junto a las siete personas, ya fue localizado.

“Me han confirmado lo del menor y el testimonio que él tiene o que él dio, que también lo vamos a proporcionar ahorita”.

Confió en que el Poder Judicial vigile las actuaciones de las autoridades encargadas de la búsqueda y les exija realizar operativos en los lugares señalados, además de verificar que se cumplan los protocolos correspondientes.

“Queremos que el propio Poder Judicial pueda vigilar que las actuaciones se hagan respecto a protocolos, especialmente por el menor que todavía se encuentra desaparecido (Everardo León Atanacio), de 17 años”.

Señaló que las familias le han mencionado que, en algunas ocasiones, las autoridades acuden a realizar recorridos, toman fotografías y no realizan búsquedas.

Pidió más participación del Estado y la Federación, y que la búsqueda y las investigaciones sean realizadas por las autoridades y no por los habitantes de las comunidades, debido a los riesgos que enfrentan.

“Tendría que ser la Fiscalía del Estado la competente para hacer todas las investigaciones y no los pobladores”.

Informó que los familiares han recibido llamadas telefónicas en las que les han ofrecido intercambiar a los pobladores por permitir el paso de un grupo delictivo hacia la Costa Grande.

Aclaró que desconoce con exactitud qué se les dijo en esas llamadas.
Sobre si los campesinos continúan con vida, Velázquez Florencio respondió que no puede confirmarlo; pidió que las autoridades realicen la búsqueda bajo la presunción de vida.

“Esperemos que todavía sigan con vida y que se realicen las búsquedas siempre con la presunción de vida”.

La desaparición de los campesinos ocurrió en la región de Tierra Caliente, donde, dijo, las condiciones de control territorial y los hechos de violencia registrados en municipios como Ajuchitlán y San Miguel Totolapan generan preocupación ante una posible expansión de grupos delictivos hacia otras zonas de la Costa Grande.

Rechazó que se utilicen señalamientos sobre la participación de los pobladores en conflictos forestales para desacreditar sus exigencias; sostuvo que tienen derecho a buscar justicia por sus familiares.

Consideró que las autoridades pueden intentar vincular a los habitantes con este tipo de conflictos para que no realicen manifestaciones; sostuvo que eso no elimina su derecho a exigir justicia por sus familiares desaparecidos.

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