Denuncian ONG’s crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la Montaña Baja
Las organizaciones y colectivos exigieron ayuda humanitaria urgente para las comunidades de Chilapa y una Ley General que reconozca y castigue este fenómeno
Itzel Urieta. Chilpancingo, 21 de mayo 2026
Organizaciones civiles, colectivos de víctimas y comunidades indígenas denunciaron una “crisis humanitaria” en la Montaña Baja del estado debido al desplazamiento forzado de familias en el municipio de Chilapa de Álvarez, provocado por hechos de violencia atribuidos al crimen organizado desde el pasado 9 de mayo.
En un comunicado, señalaron que los ataques armados y el uso de drones con artefactos explosivos en la Montaña Baja obligaron a familias enteras a abandonar sus comunidades.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano ante los graves ataques de la delincuencia organizada”, se lee en el documento.
Las organizaciones acusaron omisión y negligencia por parte de las instituciones del Estado mexicano y consideraron insuficiente la respuesta de seguridad implementada por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, al asegurar que sólo se han desplegado acciones reactivas y temporales sin atender las causas estructurales del conflicto.
Indicaron que las familias desplazadas dejaron atrás viviendas, cosechas, animales y reservas alimentarias, muchas de las cuales han sido saqueadas, incendiadas o destruidas.
Advirtieron que el desplazamiento forzado provoca daños culturales y comunitarios profundos, especialmente entre los pueblos originarios.
El pronunciamiento alertó sobre afectaciones específicas contra mujeres y niñas indígenas, así como el riesgo de que esta violencia se extienda a otras regiones del país donde ya se han documentado ataques similares.
Exigieron a los tres niveles de gobierno garantizar seguridad permanente en las comunidades afectadas como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán; brindar ayuda humanitaria inmediata; eliminar la denuncia penal como requisito para acceder a apoyos; instalar una mesa interinstitucional de trabajo y crear protocolos de atención psicológica y retorno seguro para las familias desplazadas.
Urgieron la creación de una Ley General contra el Desplazamiento Forzado Interno en México que reconozca este fenómeno como delito y establezca mecanismos de prevención, atención y restitución de derechos para las víctimas.
