Aprueba el Congreso paquete de reformas contra la extorsión
Las reformas fortalecen el control en los Centros de Reinserción Social al prohibir dispositivos telefónicos y sancionar como faltas graves cualquier acto que facilite la extorsión desde dentro de los penales
Itzel Urieta. Chilpancingo, 11 de diciembre 2025
El Congreso local aprobó este miércoles un paquete de cuatro iniciativas enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para actualizar el marco legal del estado en materia de extorsión, con el objetivo de armonizar la legislación local con la Ley General emitida recientemente por la federación.
Las reformas abarcan ajustes al Sistema Estatal de Seguridad Pública, modificaciones al Código Penal, cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública y nuevas disposiciones en la Ley de Ejecución Penal.
Todas tienen como objetivo cerrar los espacios que permiten la operación de la extorsión, especialmente la que se origina desde centros penitenciarios.
Uno de los cambios centrales fue a la Ley 847 de Ejecución Penal, donde se tipifican como faltas graves las conductas que “faciliten, toleren, encubran u organicen actos de extorsión desde los Centros de Reinserción Social, tanto por parte de personas internas como del personal”.
La reforma prohíbe la introducción y uso de teléfonos celulares, radios y cualquier dispositivo de comunicación no autorizado y faculta a la autoridad penitenciaria a inhibir la entrada y salida de llamadas, voz y datos dentro de los penales.
El Congreso también aprobó cambios a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública para incorporar la Política Estatal para la Prevención y Combate a la Extorsión, con lo que se formaliza la creación de programas, mecanismos y unidades especializadas para atender este delito en coordinación con el modelo nacional.
Los diputados también aprobaron la derogación de los artículos 243 y 244 del Código Penal estatal, con lo que la extorsión queda sujeta únicamente al tipo penal único establecido en la Ley General, de aplicación obligatoria en todo el país.
La cuarta iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal para redefinir atribuciones institucionales relacionadas con la atención, prevención y coordinación en casos de extorsión, fortaleciendo las obligaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
La aprobación del paquete ocurrió en una sesión que se prolongó por más de siete horas, en la que también se dio lectura a 52 leyes de ingreso municipales.
