Votará la SCJN el próximo lunes proyecto que propone invalidar auditoría de la ASE a Abelina López
El análisis del caso, el proyecto concluye que el argumento central del municipio es fundado, al considerar que la ASE ejerció facultades de supervisión y control sobre presupuesto federal, en este caso dinero del FAISMUN, pese a que esa atribución corresponde de manera exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Itzel Urieta. Chilpancingo, 2 de julio 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará este próximo lunes el proyecto donde se propone invalidar la revisión que pretendía hacer la Auditoría Superior del Estado (ASE) al Ayuntamiento de Acapulco por el manejo de 898 millones 633 mil 453 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
El proyecto propuesto, que se pondrá a discusión del pleno de la SCJN el próximo lunes, da la razón a la hoy alcaldesa con licencia de Acapulco, acerca de que la ASE no está facultada para auditar presupuesto federal.
En el apartado de análisis del caso, el proyecto concluye que el argumento central del municipio es fundado, al considerar que la ASE ejerció facultades de supervisión y control sobre presupuesto federal, en este caso dinero del FAISMUN, pese a que esa atribución corresponde de manera exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El documento sostiene que, a partir de una interpretación de la Constitución federal y de la legislación en materia de coordinación fiscal, la ASF es la única autoridad con facultades para fiscalizar aportaciones federales entregadas a los municipios, como las del FAISMUN.
Aunque las legislaturas estatales y sus órganos de fiscalización pueden revisar las cuentas públicas municipales.
El proyecto señala que las aportaciones federales “no pierden su naturaleza” por ser ejercidas por los ayuntamientos, por lo que precisa que la administración, control y evaluación de esos recursos corresponde a los gobiernos estatales y municipales, pero su fiscalización recae en la ASF.
A partir de esa interpretación, la propuesta concluye que tanto el Informe Individual de Auditoría como el oficio con el que la ASE notificó el resultado de la revisión a Acapulco transgreden el orden constitucional.
La controversia constitucional fue promovida por el Ayuntamiento de Acapulco contra el Informe Individual de Auditoría de la revisión 2023-C-CIF-01-002-2024 y contra el oficio ASE-1380-2025, mediante el cual la Auditoría estatal notificó dicho informe y requirió información al municipio sobre el uso y destino de recursos federales del ramo 33.
El proyecto, elaborado para su discusión en el pleno, propone dejar sin efectos ambos actos al considerar que la revisión de esos recursos correspondía únicamente a la autoridad federal.
