Retira el Estado medidas cautelares a la hija de Arturo Hernández Cardona
El activista fue asesinado en mayo del 2013 después de bloquear la caseta de cobro Iguala-Cuernavaca, hombres armados lo secuestraron junto a otros siete pobladores integrantes de la Unión Popular
Yasmín García. Chilpancingo, 13 de agosto 2024
Foto: Oscar Guerrero / Archivo
El Estado mexicano retiró las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a María Soledad Hernández Mena, hija del activista Arturo Hernández Cardona, asesinado en 2013 en Iguala de la Independencia, en la zona Norte de Guerrero.
En el 2015, la CIDH y el Estado mexicano establecieron medidas a María Soledad debido al riesgo que corre; consta de un botón de pánico y seguridad eventual por parte de la Policía Estatal.
En un documento emitido por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, relata que María Soledad se percató de que el botón de pánico dejó de funcionar hace tres meses, lo reportó ante la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México (SEGOB), y le respondieron que las medidas están suspendidas, sin más detalles.
La Red también recriminó que las medidas de protección que la CIDH aún mantiene vigentes, no las implementan cuando la hija del activista se tiene que trasladar a la ciudad de Iguala.
La ONG solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recordar al Estado mexicano que le corresponde implementar las medidas de protección y el cese de las mismas debe ser decidido únicamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También solicitaron a la CIDH exhortar al Estado mexicano la ampliación de las medidas de protección a favor de las hijas del activista ejecutado: Carolina y Reyna Hernández Mena, así como a su viuda Carolina Mena Marchan, e informar periódicamente al respecto.
“Inste al Estado a que aporte información sustancial respecto de la investigación de los hechos que originaron la solicitud de medidas cautelares, así como los ocurridos con posterioridad a su otorgamiento”, se lee en el documento.
El líder de la Unión Popular fue secuestrado y asesinado en mayo del 2013 después de bloquear la caseta de cobro Iguala-Cuernavaca, hombres armados lo privaron de su libertad junto a otros siete pobladores integrantes de la Unión Popular.
Días después el cadáver del activista y de tres pobladores fueron localizados en un paraje del kilómetro 170 de la carretera federal Iguala-Chipancingo.
