Rechazan colectivas fallo electoral que frena candidaturas exclusivas a mujeres

Activistas de Guerrero interpondrán recursos ante la Sala Regional del TEPJF tras la reducción de municipios con postulación exclusiva para mujeres

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Itzel Urieta. Chilpancingo, 5 de noviembre 2026

Representantes de colectivas feministas y defensoras de derechos de las mujeres consideraron como un “retroceso” la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGRO), que redujo de 18 a tres los municipios donde los partidos deberían postular exclusivamente a mujeres.

En conferencia de prensa, la activista María Luisa Garfias Marín cuestionó que el TEEGRO condicionara la aplicación de estas medidas a una consulta previa, libre e informada en comunidades indígenas y afromexicanas. Consideró que esta determinación posterga el acceso de las mujeres a las presidencias municipales y prolonga su exclusión de los espacios de poder.

Los lineamientos aprobados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el 30 de septiembre contemplaban 18 municipios donde ninguna mujer ha gobernado mediante el voto popular.

En su resolución del 29 de octubre, el TEEGRO ordenó excluir 15 municipios indígenas y dos afromexicanos, al considerar que la postulación exclusiva de mujeres afectaba el derecho de sus habitantes a elegir a sus gobernantes sin una consulta previa.

Las inconformes señalaron que esta decisión desconoce los derechos políticos de las mujeres indígenas y afromexicanas, al plantear una supuesta contradicción entre la autonomía de los pueblos y la participación política de las mujeres.

“No podemos aceptar que en nombre de la autonomía se termine reproduciendo la exclusión de las mujeres dentro de sus propias comunidades”, dijo Garfias Marín.

La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVIM), Marina Reyna Aguilar, defendió las acciones afirmativas para garantizar que las mujeres accedan a las presidencias municipales en Guerrero y pidió a los magistrados electorales no postergar medidas que buscan corregir la “exclusión histórica” de las mujeres en los espacios de poder.

Reyna Aguilar señaló que hay municipios donde ninguna mujer ha llegado a ocupar la presidencia municipal mediante el voto popular, pese a que han transcurrido varias décadas de procesos electorales.

Consideró que esta situación no puede atribuirse a una falta de interés de las mujeres por participar en política, sino que obliga a revisar las condiciones políticas, sociales, culturales e institucionales que han limitado su acceso a los cargos de elección popular.

Sostuvo que las acciones afirmativas no representan privilegios ni ventajas injustificadas, sino mecanismos para corregir desigualdades que las reglas electorales, aparentemente iguales para hombres y mujeres, no han logrado resolver.

“Son mecanismos de justicia que buscan corregir desigualdades históricas que las reglas aparentemente iguales para todas y todos no han podido resolver”.

Reyna Aguilar pidió a los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizar la controversia relacionada con estas medidas desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad sustantiva e interseccionalidad, y considerar las condiciones históricas de exclusión que enfrentan las mujeres en el estado.

“Me preocupa particularmente que una medida diseñada para corregir una desigualdad histórica termine suspendida o postergada, prolongando las condiciones que precisamente busca transformar”.

Agregó que las mujeres no deben esperar otros procesos electorales para tener posibilidades reales de gobernar sus municipios.

“No estamos pidiendo que se nos regale el poder, estamos exigiendo que se eliminen las barreras que históricamente nos han impedido ejercerlo en igualdad de condiciones”.

Las activistas llamaron a las mujeres que militan en los partidos políticos y que son representantes de ellos ante los órganos electorales a reflexionar sobre las “prácticas patriarcales” que atraviesan esas instituciones, y cuestionaron que, al impugnar los lineamientos del IEPC, antepongan la autonomía y autodeterminación de los partidos a los derechos políticos de las mujeres.