Exponen colectivos ante la ONU crisis forense y complicidad oficial en desapariciones

Durante la presentación de un informe ante la ONU, familiares de víctimas exigieron la autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda para frenar la imposición de funcionarios sin perfil, y acusaron a la Fiscalía de negligencia en casos clave

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Itzel Urieta. Chilpancingo, 21 de mayo 2026

Representantes de colectivos de personas desaparecidas coincidieron en que se necesitan mejores protocolos de búsqueda y en la independencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

En conferencia de prensa, después de la presentación del Informe Defensa de la Tierra y Desapariciones en Guerrero, el vocero del Colectivo Lupita Rodríguez Narciso, David Molina Rodríguez, denunció que las desapariciones han aumentado y que, en el caso de Guerrero, la CEBP depende de la Secretaría General de Gobierno, por lo que les “han impuesto” a comisionados en el cargo sin el perfil ni la experiencia en el tema de la desaparición.

“Mientras no tengamos una Comisión de Búsqueda donde hayan elegido los colectivos no vamos a poder hacer presión; mientras esté el amigo, el primo o un pariente, nunca va a llevar a cabo una buena búsqueda”, dijo Molina Rodríguez.

Señaló que el gobierno del estado destina cinco millones de pesos al año a la CEBP, mientras que otros estados, como Veracruz, destinan 25 millones de pesos.

“¿Acaso son más importantes los veracruzanos para su gobernador que los guerrerenses para su gobernadora? Mientras no sean independientes nunca vamos a avanzar”.

El representante del Colectivo Cocuyo, Teodoro Gallegos García, consideró que Guerrero y el país viven una “crisis forense” y coincidió en que la CEBP debe ser independiente.

Cuestionó el presupuesto de la CEBP y señaló que el DIF estatal tiene un presupuesto de 900 millones de pesos por año.

“¿Qué ha hecho el DIF? Nada, nadie lo audita”.

Llamó a todos los colectivos a unirse para luchar y garantizar que las autoridades cumplan sus demandas colectivas.

Samantha Colón Morales denunció omisión y complicidad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación del caso de su esposo Vicente Suástegui, desaparecido desde el 5 de agosto de 2021.

Señaló que, pese a que existe una orden de aprehensión y una persona identificada “con nombre y apellido, apodo y dónde se encuentra”, las autoridades no la han ejecutado.

“¿Qué papel está jugando la Fiscalía aquí de omisión y complicidad?”, cuestionó.

Criticó las condiciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y afirmó que la saturación y las deficiencias periciales impiden avanzar en la identificación de cuerpos.

Neil Arias Vitinio, representante del Colectivo Luciérnaga, denunció la falta de peritos especializados y las deficiencias en los procesos de identificación forense en Guerrero, al señalar que desde 2019 el colectivo ha localizado más de 113 restos humanos que continúan sin ser identificados.

“La clave de la prueba se la están dejando a las familias”, reprochó, al asegurar que son los propios familiares quienes terminan realizando labores de búsqueda, ubicación de posibles fosas y aportación de información que correspondería investigar a la Fiscalía.

También criticó las deficiencias en las carpetas de investigación y aseguró que, durante reuniones con autoridades estatales, los colectivos reclamaron la pérdida de indicios y datos de prueba importantes.

“Son investigaciones deficientes”, advirtió, señalando que las fallas en los procesos dificultan localizar e identificar a las personas desaparecidas.

Agregó que en Guerrero existen desapariciones relacionadas con la defensa del territorio, el agua y el medio ambiente, particularmente contra defensores comunitarios y opositores a proyectos impulsados por empresas.

Abel Barrera Hernández advirtió que Guerrero “ha sido el epicentro de las desapariciones forzadas en México desde la década de los 70”, y sostuvo que hasta ahora no existen sentencias contra responsables ni avances sustanciales en las investigaciones.

En el evento estuvo Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien presentó el informe y ante quien los colectivos expusieron sus inconformidades.