Exigen colectivos al Congreso local aprobar Ley de Desaparecidos
Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos”, acusó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Congreso local de “obstruir” la Ley de Desaparición Forzada
Jesús Guerrero. Chilpancingo, 20 de marzo 2025
Foto: Oscar Guerrero/ Archivo
A pesar de que en Guerrero las desapariciones de personas es un problema latente, el Congreso de Guerrero archivó la Ley de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, denunciaron cuatro colectivos de familiares de desaparecidos.
David Molina, Socorro Gil, Gema Antúnez, integrantes de los colectivos “Lupita Rodríguez”, “Memoria, Verdad y Justicia” y “María Herrera”, respectivamente así como Teodomira Rosales Sierra, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos”, denunciaron que la actual 64 Legislatura que tiene la mayoría Morena extravió la iniciativa de Ley.
Socorro Gil contó que en una plática que tuvo con la presidenta de la comisión de derechos humanos del Congreso, Aracely Ocampo Manzanarez le confesó que ella no tiene conocimiento de que haya una iniciativa de Ley de Desaparición Forzada.
“Lo que me dijo la diputada es de que vamos a empezar a trabajar desde cero para elaborar una iniciativa porque la que se dijo que había ya no está”, dijo Socorro Gil.
En el período de la 63 Legislatura anterior, la presidenta de la comisión de derechos humanos, Nora Velázquez pugnó para que sus compañeros de la bancada de Morena aprobaran la Ley de Desaparición Forzada pero no encontró respuesta.
Para la elaboración de esa iniciativa que presentó Nora Velázquez, partició la Cruz Roja Internacional e incluso la redacción de este documento tuvo el aval de Adal García Campos, coordinador de la unidad de graves violaciones a los derechos humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU.
“Yo dejé la iniciativa (de Ley) en el Congreso e hicimos todo el esfuerzo para que se aprobara”, dijo la ex legisladora local morenista, Nora Velázquez.
David Molina, presidente del colectivo “Lupita Rodríguez, contó que en diciembre pasado el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, atendió a miembros de 10 colectivos de familiares de personas desaparecidas y les aseguró que no tenía conocimiento de que hubiera una Ley de Desaparición Forzada en alguna comisión legislativa.
Una iniciativa de Ley en esta materia que fue consensada por los colectivos estaba en las comisiones legislativas de la pasada 63 Legislatura que concluyó su periodo el 30 de agosto del 2024.
En diciembre pasado, el presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui se comprometió a que en febrero de este año tendría una reunión con los colectivos para discutir el tema y les prometió que una Ley de Desaparición Forzada se aprobaría.
El grupo del colectivo “Lupita Rodríguez” denunció que desde el 2024 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les adeuda el apoyo de la canasta básica que es de dos mil pesos mensuales.
Los integrantes de este colectivo exigen la destitución de la directora de la CEAV en Guerrero, Enedina Medina Serrano, quien es cercana al senador Félix Salgado Macedonio.
Las protestas de colectivos de familiares de personas desaparecidas contra la directora de la CEAV estatal han sido frecuentes para exigir su salida debido a que no reúne el perfil para el cargo y además de que “jinetea” los recursos.
“Enedina (Medina Serrano) está ahí porque Félix Salgado la puso en el cargo pero no tiene la capacidad profesional”, dijo una de las familiares de desaparecidos.
Gema Antúnez, integrante del colectivo “María Herrera”, dijo que en caso de que en ese año se apruebe la Ley de Desaparición Forzada el gobierno tendrá que erogar un presupuesto emergente para que permita la aplicación de este ordenamiento en Guerero.
Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos”, acusó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Congreso local de “obstruir” la Ley de Desaparición Forzada.
“Es de todos conocido que el control del Congreso lo tiene el titular del Poder Ejecutivo y el partido político que la postuló, y en este caso, la gobernadora Evelyn Salgado”, señaló la activista.
