Exigen a legisladores revisar y modificar las leyes sobre desaparición forzada en Guerrero
Familiares de víctimas y activistas advierten lagunas legales que impiden una respuesta eficaz de las instituciones, además de señalar negligencias en el Semefo y la persistencia de impunidad en casos de la Guerra Sucia y el presente
Itzel Urieta. Chilpancingo, 23 de agosto 2026
Familiares de víctimas de desaparición y activistas de izquierda exigieron a legisladores locales y federales revisar y modificar las leyes en materia de desaparición forzada, al considerar que hay vacíos legales que impiden una respuesta eficaz para las familias que buscan a sus seres queridos.
En conferencia de prensa, y a días de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, señalaron que este delito afecta a cientos de familias en Guerrero y México, además de provocar otras problemáticas como el desplazamiento forzado interno.
Micaela Cabañas Ayala, hija del luchador social Lucio Cabañas Barrientos, afirmó que en Guerrero hay más de mil 500 personas desaparecidas relacionadas con la Guerra Sucia, mientras que solo en unos cuatro casos se han localizado e identificado restos de las víctimas.
“¿Por qué no han hecho nada si los gobiernos ya han cambiado?”, cuestionó, y señaló que las desapariciones continúan y las familias no reciben respuestas prontas de las instituciones.
Advirtió que la situación es más complicada para las familias que no cuentan con recursos económicos para trasladarse de un lugar a otro en busca de sus familiares, por lo que en muchos casos son los propios colectivos quienes realizan las labores de búsqueda.
Denunció que algunas familias han localizado restos de sus familiares después de años de permanecer bajo resguardo de instituciones como el Servicio Médico Forense (Semefo), sin que lo supieran.
Llamó a diputados locales, federales y senadores a revisar las leyes que actualmente regulan la desaparición forzada y determinar si realmente responden a las necesidades de las víctimas.
“Que revisen la legislación, que revisen las leyes por las cuales ellos se están apegando; si creen que no están sirviendo para coberturar al pueblo en general, que la revisen y que, perdón por la palabra, pero que hagan su trabajo”, dijo Cabañas Ayala.
Aseguró que el reclamo no es contra un partido político en particular, sino hacia la responsabilidad que tienen los legisladores de actualizar las leyes y garantizar que sean aplicadas por las instituciones encargadas de atender las desapariciones.
“En nuestro estado de Guerrero existen demasiadas lagunas de injusticia con este rubro”.
La activista Diana Itzel Hernández Hernández consideró que las desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad y recordó que tanto a nivel nacional como estatal hay leyes relacionadas con la desaparición y el desplazamiento forzado.
Llamó a legisladores a involucrarse en la revisión de estas normas y atender las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos.
Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 98/VG/2023, en la que, dijo, se documentan graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Guerrero y se reconoce a 814 víctimas de la Guerra Sucia.
Los activistas se solidarizaron con las familias que actualmente enfrentan la desaparición de alguno de sus integrantes.
