Exige sacerdote intervención internacional ante ataques y desplazamiento en Chilapa
El sacerdote y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez denunció la omisión gubernamental frente a la violencia que asola a comunidades indígenas de la Montaña baja y cuestionó la desigualdad en el despliegue de recursos de seguridad
Yasmín García. Chilpancingo, 11 de mayo 2026
El sacerdote y defensor de los derechos humanos, Filiberto Velázquez Florencio, pidió la intervención de organismos internacionales ante el desplazamiento y los ataques armados contra familias de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, comunidades del municipio de Chilapa.
El sacerdote criticó los discursos del gobierno que aseguran brindar seguridad cuando la realidad es otra.
Relató que una misionera de Alcozacán que está en Portugal se comunicó con él para preguntarle por su familia; lo mismo ocurrió con personas que están en los Estados Unidos de América y tienen parientes en esas comunidades de Chilapa.
“Que las autoridades puedan tomar en serio estas realidades. Son diferentes: vemos unas imágenes en la capilla del pueblo con las mujeres y niños asustados”, lamentó el padre Fili.
El sacerdote pidió a la población no acostumbrarse y no normalizar el desplazamiento forzado ni la violencia hacia las comunidades indígenas que ya de por sí son discriminadas.
“En este país, ser indígena es vivir una doble discriminación. No podemos normalizar que comunidades enteras tengan que esconderse para sobrevivir; los pobres quedan frente a la violencia”, reprochó.
Filiberto Velázquez aseguró que los grupos criminales están enraizados en los pueblos de Guerrero bajo la complacencia de los gobiernos.
Lamentó que mujeres y niños pidan ayuda y el gobierno no haga algo similar a lo que ocurrió cuando rescataron al alcalde de Taxco y a su padre, caso para el cual enviaron un helicóptero: “¿Por qué no hacerlo para rescatar a las mujeres indígenas?”.
Velázquez Florencio pidió la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
