Exige Artículo 19 liberen con vida a periodista de Taxco y a su hijo

Texto: El Tlacolol

Chilpancingo, a 25 de noviembre de 2023

El director regional de la Oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez exigió al Estado mexicano, y al gobierno de Evelyn Salgado Pineda, la liberación del periodista Marco Antonio Toledo Jaimes, y su hijo Alberto Toledo, secuestrados en Taxco por un grupo criminal desde el pasado 19 de noviembre.

Añadió que las autoridades deben estar a favor de las víctimas y no entrar en la lógica de los cálculos políticos para mitigar el impacto y el costo político por el caso de los tres comunicadores secuestrados por la organización delictiva.

También explicó que este tipo de casos no sólo afecta a las víctimas y sus familias, sino tiene un efecto multiplicador porque “manda un mensaje de amedrentamiento… para el resto del gremio que aprende a callarse, es un efecto de disciplinamiento, de decir, puedes ser tú el siguiente”, generando las zonas de silencio.

Este sábado, en el programa de radio Reporteros SOS, que se transmite en la estación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) en Chilpancingo, Maldonado Gutiérrez concedió la entrevista respecto a tres comunicadores plagiados por un grupo criminal en Taxco.

La mañana de este sábado se confirmó que Silvia Nayssa Arce Avilés, su pareja, Alberto Sánchez Juárez, del medio digital RedSiete, fueron liberados la noche del viernes, igual que la esposa de Marco Antonio Toledo, Guadalupe Denova.

P.–¿Qué piensas del secuestro de tres periodistas por un grupo criminal en Taxco, en el contexto como ustedes lo han documentado que Guerrero es la quinta entidad federativa con más ataques contra periodistas y medios de comunicación y el segundo estado más letal contra la prensa?

LMG.–Efectivamente otra vez nos convoca una situación apremiante, dolorosa, que tiene que ver con la violencia desbordada que se vive en buena parte del país donde desafortunadamente allá ustedes en Guerrero no es la excepción, que la padecen como está sucediendo también en Guanajuato, como está sucediendo también en Tamaulipas y en otras regiones, pero efectivamente Guerrero está destacando además por la violencia específicamente en contra de la prensa.

Y con esto no queremos mandarle un mensaje al auditorio de que la prensa, las y los periodistas requieren un trato especial o privilegiado. Esto da cuenta de una situación en la que diversos poderes legales e ilegales están buscando acallar aquellas voces aquellos ojos, los quieren cerrar, que están viendo las complicidades, las corruptelas, la criminalidad, que están informando sobre eso y evidentemente esto es una mala noticia para toda la sociedad, por supuesto que para el gremio en primer lugar, pero además para toda la sociedad, que está perdiendo la posibilidad de informarse.

Lo que está sucediendo esta semana donde afortunadamente vemos que ya han sido liberados Silvia y Alberto también la esposa de Marco Antonio, estamos a la espera de que pueda suceder lo mismo con Marco Antonio y su hijo, pues es una muestra de una situación convulsa que hemos venido denunciando desde hace muchos años.

Hace tan solo unas semanas estabamos hablándo de amenazas digitales o vía mensajería digital a través de digamos de las de los servicios de whatsapp, a un grupo de periodistas en Iguala, pero es una situación recurrente es una situación recurrente donde la gente está donde donde los periodistas están siendo amenazados incluso ya de manera colectiva.

No es la primera vez que sucede esto, por ejemplo en Iguala, ya había sucedido durante la pandemia, esto ha provocado desplazamiento forzado, es una situación crítica y parece que nadie acusa recibo de parte de las autoridades.

P.–¿Cuál es el balance que tienen ustedes como organización de la actuación de las autoridades en la situación que viven los reporteros en Guerrero?

LMG.–Yo creo que la situación que se está viviendo en Guerrero es sumamente compleja. Recordemos que como ya decías Guerrero es la quinta entidad con mayor número de agresiones en el histórico de Artículo 19, de 2009 a la fecha estamos hablando de 425 agresiones.

Además, tenemos que es la segunda entidad con más periodistas asesinados, en un desafortunado y lejano primer lugar está Veracruz con 32, pero Guerrero está en segundo lugar con 17 periodistas.

Digamos que uno o dos o tres, lo que sea es una tragedia desafortunadamente se han ido acumulando en estos años más colegas asesinados. Y también tenemos en el registro tres compañeros periodistas desaparecidos, siendo el caso de Alan García el último documentado. Me refiero a tres en el estado de Guerrero, 32 a nivel nacional.

Con el desafortunado patrón que padecen cientos de miles de desaparecidos en este país y es que esos colegas ya nadie los está buscando.

Cuando pasa el foco mediático, cuando pasa el escándalo sucede lo que sucede en los miles de casos de personas desaparecidas: las autoridades pierden interés y dejan botada la búsqueda.

Entonces evidentemente esto es una situación muy compleja que lejos de distenderse, lejos de reducirse estos niveles de violencia, vemos con preocupación que se mantienen, y se mantienen porque hay impunidad, así de fácil, porque hay impunidad prácticamente en la totalidad de los casos, estamos hablando de una impunidad del 98 por ciento, y a la par, no hay una serie de medidas preventivas que den cuenta o que permitan precisamente persuadir a los actores políticos o a los actores incluso criminales de agredir a la prensa.

Al contrario, hay una serie de incentivos, un discurso virulento desde el propio poder político, el contubernio de autoridades con crimen organizado, el contubernio de estas autoridades y crimen organizado, con las autoridades que se supone que tienen que investigar los casos, las autoridades o las investigadoras; las procuradurías y fiscalías dinamitadas, corrompidas, sin presupuestos, sin capacidad de investigación forense y un largo etcétera.

El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos a nivel nacional, que ha sido muy criticado, es lo único a lo que se puede acudir una o un periodista en riesgo, con muchas falencias, con muchos retos y áreas de ortunidad sin lugar a dudas, pero que hoy por hoy con más de dos mil personas incorporadas en la historia de este mecanismo creado desde 2013, nos queda claro que la cifra de personas desaparecidas y asesinadas desde el periodismo o desde la defensa derechos humanos sería mucho mayor.

Imagínense la magnitud si ya de por sí México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y más peligroso para la defensa de derechos humanos sobre todo del medio ambiente, tierra y territorio.

Si no hubiera mecanismo estaríamos hablando de números mucho más abultados y de colegas en esta situación atroz.

P.–En Guerrero se ha registrado desapariciones forzadas o secuestros en forma colectiva, hay que recordar lo de Tierra Caliente en diciembre de 2022, donde fueron secuestrados tres compañeros, y todavía sigue desaparecido Alan García. ¿En qué afecta esta situación, que compañeros sean privados de su libertad o incluso asesinados, a libertad de expresión o en qué afecta a la sociedad ese tipo de situaciones?

LMG.–Tiene muchas afectaciones, obviamente a las propias víctimas y a su entorno familiar, en el caso del sector periodístico se manda un mensaje muy claro a los periodistas de la localidad o de la región, es decir, tiene un efecto multiplicador, no hace falta el secuestrar o privar de la libertad a todos los integrantes, a todos los que cubren una cierta nota o a todos los responsables de un medio, o a todos los periodistas independientes de una localidad, lo están haciendo de forma masiva y eso habla del reto a la autoridad, eso ya es un indicador muy fuerte.

‘Podemos secuestrar a tres, cinco o 10 y poidemos hacer lo que queramos no, somos amos y señores del territorio’.

Ese es el mensaje que están mandando los grupos criminales, pero no hace falta que hagan eso porque con uno, manda un mensaje de amedrentamiento, tiene un efecto nocivo para el ejercicio periodístico, directo para la víctima, por supuesto, pero también para el resto del gremio que aprende a callarse, es un efecto de disciplinamiento, de decir, puedes ser tú el siguiente, y eso va generando lo que llamamos las zonas de silencio, zonas silenciadas, que se van extendiendo cada vez más, y son más extensas de lo que en realidad pensamos.

Están en Guerrero, pero también están ahora en Chiapas con este espiral de violencia tremenda que se ha desatado, están en Tamaulipas, están en regiones de Veracruz, está en la propia Sinaloa, está en Chihuahua, y entonces conforme van asesinando a colegas y conforme les van desapareciendo, se va mandando este mensaje y ahí de aquel que no acuse recibo, verdad, el problema es ese y como no hay autoridad o la autoridad está coludida, evidentemente eso genera un efecto de silenciamiento.

¿En qué repercute para la sociedad?

En que nos quedamos como sociedad sin la posibilidad de estar informados, es decir, el efecto es directo contra el derecho a la libertad de expresión de la propia prensa, pero también sobre el derecho a la información de la sociedad en su dimensión colectiva.

P.–Qué otras cosas pueden hacer ustedes para prevenir ese tipo de situaciones o incidir para que no es una acontezca.

LMG.–Lo que hacemos desde Artículo 19, es además de la documentación y la denuncia pública, en algunos casos podemos dar asesoría, canalización e incluso acompañamiento y representación.

Somos un equipo pequeño, aunque no parezca, de los que se dedican directamente a atender la situación de la violencia contra la prensa, el programa de protección y defensas son ocho personas que atienden a todo el país, que estamos documentando, atendiendo, asesorando y es una tarea titánica.

También tenemos otras áreas de trabajo donde damos asesorías sobre transparencia y acceso a la información, de derechos digitales tenemos un programa incluyendo de seguridad digital, de violencia en línea.

La intención es visibilizar públicamente, pero también acompañar, asesorar y en este ciclo electoral, precisamente porque hay picos de violencia cada ciclo electoral, lo que estamos haciendo son talleres locales y regionales de prevención, de medidas de seguridad, de protocolos de seguridad para la prensa, eso también es parte importante del trabajo de Artículo 19, la capacitación.

P.–¿Qué queda por exigir a las autoridades federales, con el caso de Taxco, a la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda y al alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo?

LMG. –Que continúe la búsqueda, que no aflojen y que se investigue, se llegue a las últimas consecuencias y sobre todo ahora que tienen que reforzar la protección y la seguridad de las víctimas que ya fueron liberadas, porque obviamente se quedan secuelas muy severas en estos hechos traumáticos.

Esperemos que estén bien, aún no tenemos reporte de su estado físico y psicoemocional, pero esperemos que el Estado que tiene a nivel federal y a nivel estatal una serie de instrumentos y de instituciones se pongan las pilas, se ponga a favor de las personas, a favor de las víctimas y no entremos en la lógica de los cálculos políticos, porque siempre que suceden estos casos lo que piensan es más bien como mitigar el impacto y el costo político y no más bien como favorecer a las víctimas, eso es lo que exigiríamos que se ponga en el centro a las víctimas.

Seguimos exigiendo justicia para las y los periodistas.

Desafortunadamente estas últimas tres semanas han sido fatídicas con el asesinato de Ismael Villa Gómez en Ciudad Juárez (Chihuahua) la semana pasada, otro colega en Tamaulipas que estamos investigando, y ahora esta situación que esperemos culmine de la manera como lo deseamos, con la liberación de Marco Antonio y su hijo.

Hasta la noche de este sábado 25 de noviembre, el gobierno estatal de Salgado Pineda no ha dado ningún posicionamiento al respecto del plagio de los tres comunicadores y sus familiares. Se han mantenido en silencio.

La única en dar a conocer algunos comunicados respecto a supuestos operativos de búsqueda de las personas fue la Fiscalía General del Estado (FGE), sin tampoco dar información efectiva del hallazgo de las víctimas.