Enfrentan madres y padres de los 43 criminalización de Sheinbaum a su lucha rumbo a los 12 años del caso Ayotzinapa

Durante cinco días fue bloqueada la caseta de Tlalpan. Las madres y padres de Ayotzinapa denunciaron revisiones con caninos y hostigamiento policial en su jornada hacia los 12 años de la desaparición de sus hijos. Exigen a FGR reactivar las líneas de investigación abandonadas desde 2024

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Yasmín García. Ciudad de México, 14 de junio 2026

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron que el gobierno federal los criminaliza al impedir, con cercos policiales, que ingresaran a la Ciudad de México para realizar las actividades de la jornada intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los estudiantes en Iguala.

“Hasta llevan a sus perros, meten a su perro al carro donde viajamos y ahí andan revisándolo; se nos criminaliza, no somos delincuentes”, denunció María Concepción Tlatempa Colchero, madre de Jesús Geovanni Rodríguez, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

A los padres y madres no se les permitió el acceso en la Caseta de Tlalpan durante cinco días; desde el pasado lunes, cercos policiales y patrullas atravesadas sobre esta vía.

El pasado viernes, los padres de los 43 dieron una conferencia de prensa en el antimonumento ubicado sobre el Paseo de la Reforma para denunciar la criminalización de la que fueron víctimas y pedir una reunión con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

Solicitaron que la FGR presente avances en las líneas de investigación ya que, desde el 2024, las líneas que traía el gobierno fueron abandonadas y no se han vuelto a retomar, y tampoco les explican si se explorarán otras.

“Es preciso recapitular que cuando llegó a la presidencia el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su compromiso de esclarecer el caso, se conformó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ); luego de sendas indagatorias, se llegó a la conclusión de que las investigaciones de la Procuraduría General de la República fueron un montaje construido desde altas esferas del gobierno para encubrir a los responsables y ocultar el paradero de los estudiantes”, dijo la madre Hilda Leguideño, quien dio lectura al pronunciamiento.

Los padres y madres de los 43 solicitaron realizar una comisión de trabajo integrada por cinco de ellos con cuatro de sus asesores jurídicos, la CoVAJ y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

“Para analizar de manera exhaustiva los 33 folios CERFIS, a fin de extraer datos relevantes que puedan ser diligenciados por el Ministerio Público y se integren datos de prueba para una posible judicialización de ser el caso”, indicaron.

La solicitud a la SRE es que, en el diálogo bilateral con altas autoridades de Estados Unidos, la extradición tanto de José Ulises Bernabé como de Tomás Zerón sea un tema central y “no solo se privilegie la agenda económica y migratoria”.

Así como la coadyuvancia internacional en las investigaciones con la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que pueda sugerir líneas de investigación y de búsqueda.

A la Segob le pidieron no criminalizar ni reprimir su movimiento, el cual tiene demandas legítimas.

“Desde los primeros días nuestro movimiento ha sido criminalizado; las madres y padres de familia, así como los estudiantes, hemos sido objeto de criminalización. Se nos acusa de vándalos y violentos, y particularmente ahora se nos señala de que somos de la ultraderecha”.

Al respecto, los padres y madres de los 43 sostuvieron que son trabajadoras del campo: ”No tenemos ideologías, nos mueve el amor a nuestros hijos, a quienes desde su desaparición les prometimos luchar por su presentación a costa de nuestras vidas; por su parte, los de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos son estudiantes campesinos que tienen una organización estudiantil con una línea de pensamiento marxista, identificada con la construcción de una sociedad más justa donde no haya pobres y ricos”.

También solicitaron a la Segob que ni a los padres de los 43 ni a los estudiantes se les abran investigaciones penales por las recientes protestas ya que, afirmaron, “nuestras demandas son legítimas, luchamos por preservar la vida de nuestros hijos y queremos verdad y justicia”.

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43, precisó que quieren a sus hijos vivos. ¿Por qué solo los buscan en fosas?, cuestionó. Asimismo, exigió la entrega de los más de 800 folios del Ejército Mexicano y que regrese el GIEI.

González Contreras rompió en llanto durante su mensaje; ese día (viernes 12 de junio) fue su cumpleaños y recordó que su hijo César González siempre le daba un regalo.

En tres meses se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida la noche de 26 y la madrugada de 27 de septiembre de 2014 en Iguala.