En medio de una ola de violencia, solicita licencia de seis meses la fiscal general de Guerrero
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Oscar Guerrero / Archivo
Chilpancingo, 14 de febrero 2024
En medio de una ola de violencia en Guerrero, la fiscal general del Estado (FGE), la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón presentó al Congreso local una solicitud de licencia por seis meses para separarse del cargo sin goce de sueldo, para atender asuntos personales.
En un escrito que hizo público, la teniente coronel del Ejército, Valdovinos Salmerón argumentó que su separación del cargo es por un período de seis meses, “para atender asuntos de carácter personal y familiar que requieren mi atención”.
“En mi ausencia asumirá el despacho el doctor Zipacná Jesús Torres Ojeda, actual vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero”, dice el comunicado firmado por Sandra Luz Valdovinos.
La licencia temporal de la fiscal, que desde hace semanas se especulaba que anunciaría su renuncia, se presentó de manera oficial en el Congreso luego de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le pidió de manera urgente que investigue y esclarezca los asesinatos que se están registrando en Guerrero por parte de la delincuencia.
“A la Fiscalía General del estado, le urgí respetuosamente la investigación y esclarecimiento de estos, así como de todos los anteriores en los que haya sufrido agresiones los compañeros transportistas”, dice el comunicado que firmó la mandataria estatal al referirse al caso del chofer de una camioneta Urvan que fue asesinado y un pasajero resultó herido en la colonia Izazaga este lunes 12 de febrero en Chilpancingo.
“La impunidad es la madre de la injusticia por lo que debemos de combatirla, esclareciendo cada uno de estos condenables acontecimientos, ya que es nuestra obligación como autoridades entregar resultados”, expuso Salgado Pineda a la fiscal.
Sandra Luz Valdovinos rindió protesta en el Congreso local para el control de la FGE en diciembre del 2021.
En su administración acumuló en su contra una demanda de juicio político por parte de ex agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Ministerial, peritos, ex fiscales regionales y ex trabajadores administrativos que supuestamente los despidió de manera ilegal.
