Destina el gobierno 45 millones de pesos al Centro de Resguardo e Identificación Humana en 2026
A la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) se le destinó 6 millones de pesos bajo el concepto de “Búsqueda de personas desaparecidas”. Además 22 millones de pesos fueron etiquetados para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).
Itzel Urieta. Chilpancingo, 5 de enero 2025
El Presupuesto de Egresos 2026 del gobierno estatal contempla una asignación de 45 millones de pesos para la creación de un Centro Temporal de Resguardo e Identificación Humana, instancia que estará adscrita a la Secretaría General de Gobierno y que es una demanda histórica de colectivos de búsqueda en el estado.
De acuerdo con el documento presupuestal, este proyecto concentra la mayor parte de los recursos destinados al rubro de desaparición de personas, el cual en conjunto suma 73 millones de pesos para el 2026.
Además del Centro de Resguardo, se destinaron seis millones de pesos a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), bajo el concepto de “Búsqueda de personas desaparecidas”, así como 22 millones de pesos para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).
En comparación con el ejercicio fiscal 2025, la CEBP tuvo un incremento de un millón de pesos, al pasar de cinco a seis millones, mientras que la CEAV recibió un aumento de dos millones de pesos, luego de operar el 2025 con 20 millones.
Hace unas semanas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la diputada de Morena Araceli Ocampo Manzanares, adelantó que el presupuesto para la creación del Centro de Resguardo ya estaba contemplado en el Presupuesto 2026.
Uno de los puntos que genera inconformidad entre colectivos de búsqueda es que los recursos serán administrados por la Secretaría General de Gobierno, cuando la propuesta original planteaba que el centro funcionara como un organismo descentralizado.
Desde 2018, madres buscadoras y colectivos han impulsado la creación de este espacio y han planteado la necesidad de incorporarlo a la legislación estatal.
Entre 2021 y 2022, los colectivos trabajaron en el fortalecimiento de la iniciativa con asesoría de la Cruz Roja Internacional y abogados especializados, con el objetivo de adecuarla a estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
A pesar de que existe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, así como la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, Guerrero aún no ha armonizado su marco legal en materia de desaparición.
Actualmente, los colectivos mantienen mesas de trabajo con diputados de la legislatura y esperan que este año se apruebe la Ley Estatal de Desaparición.
