Denuncia Tlachinollan campaña contra Plácido Gálindo por parte del gobierno para denostarlo y criminalizarlo

El director de Tlachinollan aseguró que la FGE fraguó un expediente con una denuncia al vapor, porque uno de los testigos es Marcos Campos Ahuejote, integrante del Cipog-EZ y quien fue hallado asesinado en el 2022 en la carretera hacia Atzacoaloya

---

Yasmín García. Chilpancingo, 24 de julio 2026

Foto: Óscar Guerrero

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan denunció que existe una campaña del gobierno estatal para denostar y criminalizar al líder del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo; evidencian testigos “fabricados” por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa virtual, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el juez de control no valoró las pruebas que presentaron los abogados en defensa del líder indígena en la audiencia de vinculación a proceso que se realizó ayer en Ciudad Judicial, por lo que consideró que el juez actuó por consigna al tener presión de otras autoridades para dictar formal prisión a Plácido Galindo.

El activista y defensor de los derechos humanos indicó que, el líder del Cipog-EZ evidenció la colusión que existe entre presidentes y presidentas municipales de la Montaña Baja con el grupo delictivo de Los Ardillos, al denunciar en mayo pasado ante medios nacionales e internacionales el desplazamiento forzado de familias de las comunidades de Tula, Acahuehuetlán, Alcozacán y Xicotlán, municipio de Chilapa.

“Las comunidades acudieron a las redes sociales a pedir ayuda. Jesús Plácido, que hace la vocería de la CRAC-PF y del Cipog-EZ, ha roto este control que tiene el crimen en las comunidades indígenas y evidenció esa colusión que se da entre presidentes municipales y Los Ardillos. Eso generó un enojo en las autoridades. Nosotros creímos que después de los patrullajes de la Policía Estatal, Guardia Nacional en comunidades desplazadas, se iba a dar la captura de forma jurídica, pero no fue así”, lamentó.

Barrera Hernández precisó que entre el 6 y 11 de mayo, en las comunidades del corredor comunitario, hubo más de mil familias desplazadas, seis homicidios y desapariciones, y estos crímenes quedaron en segundo plano.

“Lo que sí vimos es que se fueron contra Jesús Plácido; todo el aparato del Estado accionó por la campaña que se ha implementado contra él, o que supuestamente es parte del grupo de la delincuencia, señalando a Los Tlacos y que cometió crímenes sin tener pruebas”, reprochó.

El director de Tlachinollan aseguró que la FGE fraguó un expediente con una denuncia al vapor, porque uno de los testigos es Marcos Campos Ahuejote, integrante del Cipog-EZ y quien fue hallado asesinado en el 2022 en la carretera hacia Atzacoaloya.

“Es inconcebible que este compañero haya declarado contra el mismo Jesús; se habla de que puso la denuncia en el 2021 y resulta que murió en el 2022. Al ver que esta persona estaba muerta, se les hizo fácil declarar en su nombre para señalar a Jesús Plácido como culpable cuando, sin corroborar, como no conocen al interior de las comunidades, que era integrante del Cipog-EZ”, manifestó Barrera Hernández.

El activista indicó que el otro testigo es la hija de José Pablo Bartolo Xanteco (comisario de Xicotlán asesinado el 30 de octubre del 2021); precisó que Josefina Xanteco declaró apenas el 6 de julio y que en su momento lo hizo su mamá, quien aseguró que no sabían quién era el autor intelectual.

“Ahí vemos como se fraguo el expediente este se le presento al juez, se le presentaron documentos”.

Uno de los documentos presentados por la defensa al juez, fue un informe de la FGE enviado a la Secretaría de Gobernación (Segob) en donde a solicitud por el área evaluación de riesgos, ya que el líder del Cipog-Ez pertenecía al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le informan de las denuncias que hay contra Jesús Plácido, el 7 de agosto del año pasado, en el informe se numeran cuatro carpetas de investigación, de las cuales tres son por amenazas y una por daños a la propiedad, pero ninguna por homicidio.

“No aparece esta carpeta de investigación por la que se le acusa de homicidio calificado; es un documento oficial que se le entregó al juez y es a petición del juez que mandaran a traer el documento original, y esta información oficial muestra que Jesús Plácido no tenía ninguna denuncia por homicidio calificado; es algo reciente”, subrayó.

Por su parte, el abogado de Tlachinolla, Aron Díaz Salazar, dijo que las cuatro denuncias fueron puestas ante la FGE en el 2024.

Cuestionó que Josefina Xanteco, hija del comisario asesinado, haya dado una conferencia de prensa al exterior de la FGE, cuando estuvo con su mamá en la audiencia en Ciudad Judicial, “y la vimos afuera de la Fiscalía y pensamos que fue a platicar con el fiscal”.

El abogado precisó que Josefina reveló que fue a los nueve días que le dijo a su familia que ella vio el asesinato de su padre y que no habló por miedo.

“Ella dice, es testigo presencial, dice: ‘No le quise decir a nadie de mi familia porque tenía miedo, pero cómo, llegando a tu casa, no le vas a decir a tu mamá que mataron a mi papá’. Ella dice que le contó nueve días después, después de la levantada de la cruz”.

Díaz Salazar, precisó que en la entrevista que presentó la parte acusatoria, de Marcos Campos (testigo), la mayor parte de las diligencias que se encontraron en la carpeta de investigación no están en el sistema CECAP que es de seguimiento y averiguaciones previas con códigos de autentificación, además de que la firma no se parece.

“Esta entrevista se hizo fuera, y ahí están todas las entrevistas y esa entrevista no está en ese sistema, pero lo más relevante es que la firma que tienen en ese documento reciente no se parece en lo más mínimo con la firma del señor Ahuejote, se comparó  con su INE, su firma del señor es en forma como de un patito y esta no tiene figura de nada”, sentenció.

La defensa de Plácido Galindo interpondrá el recurso de apelación. El líder indígena continúa preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en el Estado de México.