Denuncia el Centro Comunitario Gúwa Kúma adeudo de salario a trabajadoras
La Casa de los Saberes ubicada en Ayutla de los Libres da acompañamiento a mujeres indígenas víctimas de violencia; advirtieron que la falta de pago de los meses de abril y julio ocurre en un contexto de aumento de la violencia contra mujeres me’phaa y na savi en la región
Itzel Urieta. Chilpancingo, 10 de julio 2026
El Centro Comunitario Gúwa Kúma: Casa de los Saberes, de Ayutla de los Libres, denunció que las autoridades estatales y federales no han pagado desde abril a las trabajadoras que brindan atención y acompañamiento a mujeres indígenas víctimas de violencia en municipios de la Montaña y Costa Chica.
En un comunicado, el centro comunitario advirtió que la falta de pago ocurre en un contexto de aumento de la violencia contra mujeres me’phaa y na savi en la región, donde, aseguró, atienden casos de violencia familiar, despojo de tierras y violencia institucional.
De acuerdo con la organización, de enero a julio de este año brindaron atención a 218 mujeres indígenas de los municipios de Ayutla, Ñu’u Savi y Acatepec.
De esos casos, 196 correspondieron a violencia familiar; 15, a conflictos relacionados con despojo de tierras y decisiones de autoridades comunitarias favorables a agresores, y siete a violencia institucional, principalmente por la negativa de acceso a servicios de salud.
Las integrantes del centro señalaron que, pese a la falta de pago, el acompañamiento a las mujeres continúa, advirtieron que esta situación afecta el funcionamiento del espacio y deja en mayor vulnerabilidad a quienes acuden en busca de apoyo.
“Las autoridades nos quieren castigar dejándonos sin nuestros honorarios, dejando desprotegidas principalmente a las mujeres de las comunidades que viven la violencia patriarcal todos los días”, se lee en el comunicado.
En el documento, el colectivo recordó que el centro comunitario forma parte de las medidas de reparación derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Inés Fernández Ortega, quien fue víctima de tortura sexual por elementos del Ejército en 2002.
Indicaron que el espacio fue pensado para acompañar y proteger a mujeres indígenas que enfrentan violencia, pero su operación se ha complicado por la falta de pago sistemática al personal.
Exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, cubrir a la brevedad los honorarios correspondientes de abril a julio, para
garantizar la atención a mujeres indígenas de comunidades de la Montaña y la Costa Chica.
