Cuestiona colectiva movimiento de padres y denuncia fallas en sistema judicial

La activista Belén Durán Gómez advirtió que el discurso del grupo “Soy Papá, No Criminal” invisibiliza el incumplimiento de pensiones y la precariedad de los juzgados familiares, donde los procesos están rebasados por la burocracia

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Itzel Urieta. Chilpancingo, 28 de abril 2026

La colectiva Maternidad Violeta Guerrero cuestionó el movimiento “Soy Papá, No Criminal” y acusó que su discurso ignora las fallas del sistema de justicia y responsabiliza a las mujeres.

Hace unos días se realizó una marcha de ese movimiento en Chilpancingo, donde un grupo de 12 padres de familia denunciaron que los procesos para convivir y ver a sus hijas e hijos muchas veces son “obstaculizados” por las madres.

Belén Durán Gómez, representante de la colectiva, afirmó que este tipo de movilizaciones invisibilizan problemáticas como el incumplimiento de pensiones y fomentan discursos “misóginos” contra las mujeres.

Aseguró que la mayoría de las fallas en estos casos son por parte del sistema judicial y que los procesos legales en materia familiar están rebasados, lo que agrava los conflictos.

“Las instituciones están totalmente decaídas. Llegas a los juzgados y no puedes ni sentarte porque está lleno de expedientes, más en los juzgados civiles y en los familiares”, dijo Durán Gómez.

Señaló que la lentitud institucional afecta a las madres autónomas, quienes además enfrentan solas la crianza.

Del discurso del movimiento, cuestionó que se responsabilice a las mujeres por la falta de convivencia con los hijos sin considerar otros factores.

“Dicen: ‘no me dejas ver a mis hijos’, pero ¿cuándo pagas pensión?, ¿cuándo cumples con los derechos de tus hijos?”.

Expuso que cuando no se permite la convivencia, en la mayoría de los casos, es porque hay alguna denuncia de violencia familiar o incumplimiento en el pago de pensión.

En el caso del padrón de deudores alimentarios —que, de acuerdo con los representantes del movimiento, exige que quien desee participar deba tener su carta del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) que acredite que no son deudores—, explicó que no es un mecanismo confiable en todos los casos debido a los procesos burocráticos que implica.

“Hay un proceso muy burocrático… puede ocurrir que un papá sí sea deudor y todavía no esté en la plataforma”; advirtió que no hay certeza en los tiempos de registro.

La activista detalló que, en muchas ocasiones, dicho registro no sube en tiempo y forma la información de los deudores alimentarios y que a veces pueden pasar meses sin que un padre que incumple con la pensión aparezca en el sistema.

En cuanto a las denuncias falsas, reconoció que pueden existir, pero rechazó que se utilicen como argumento central.

“Sí hay denuncias falsas, pero esas denuncias no proceden… quien determina es un juez”, explicó.

Precisó que los casos se resuelven con pruebas dentro de los tribunales.

Uno de los puntos que consideró ausentes en el movimiento es el trabajo cotidiano de cuidados que realizan las madres autónomas, el cual no es reconocido en las discusiones sobre pensión o custodia.

“Ellos hablan de criar y nada más es dar una pensión… pero no hablan de levantarte a las seis de la mañana, preparar comida, llevar a los niños, trabajar, regresar, hacer tareas”.

Para la activista, esta carga implica un desgaste físico, emocional y económico, ya que muchas veces también deben cubrir gastos del hogar sin corresponsabilidad.

Sobre la propuesta de derogar la Ley Vicaria, Durán Gómez rechazó dicha iniciativa y cuestionó el origen del movimiento.

“No es un movimiento genuino… siempre tiende a generar morbo, a generar violencia hacia nosotras”.

Mencionó que la Ley Vicaria es una herramienta de protección frente a casos en los que los hijos pueden ser utilizados como medio de daño hacia las madres en contextos de conflicto familiar.

Rechazó los planteamientos que buscan eliminarla, al considerar que se trata de un mecanismo que reconoce situaciones de violencia que afectan directamente a mujeres e infancias dentro de procesos de separación o disputa legal.

De acuerdo con la colectiva, en México unos 4 millones de hogares carecen de una figura paterna, mientras que tres de cada cuatro niñas y niños de padres separados no reciben pensión alimentaria.

Con registros de Maternidad Violeta, en Guerrero hay más de mil deudores alimentarios; advirtió que la cifra real podría ser mayor debido a que, en muchas ocasiones, las madres no denuncian el impago de pensiones.

La colectiva agregó que el Estado debe garantizar el funcionamiento efectivo de los procesos familiares y la actualización de los padrones de deudores alimentarios, ya que actualmente las instituciones no brindan acompañamiento suficiente a las madres que enfrentan estos casos.