Analizan el Congreso en sesión permanente solicitud de desafuero contra un servidor público
La petición fue presentada ante el Poder Legislativo por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Guerrero el 10 de junio mediante una solicitud de juicio de procedencia, con el propósito de retirar el fuero constitucional a la persona señalada y continuar el procedimiento en su contra
Itzel Urieta. Chilpancingo, 3 de julio 2026
La Comisión Instructora del Congreso del Estado se declaró en sesión permanente a partir de este jueves para desahogar y analizar la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Guerrero (FEDE-Gro) contra un servidor público investigado por esa dependencia.
La petición fue presentada ante el Congreso local el pasado 10 de junio mediante una solicitud de juicio de procedencia, con el propósito de retirar el fuero constitucional a la persona señalada y continuar el procedimiento en su contra.
En el escrito dirigido a la Mesa Directiva, la FEDE argumentó que existen elementos para proceder penalmente, pero que antes es necesario agotar el procedimiento de declaración de procedencia previsto en la Constitución local.
A casi un mes de que el asunto llegó al Congreso, la Comisión Instructora acordó iniciar formalmente su análisis y de acuerdo con fuentes consultadas, determinó manejar el procedimiento con total secrecía, por lo que no se hará público por ahora el nombre ni los datos del servidor público involucrado.
Esta sería la segunda ocasión en que la Comisión Instructora, presidida por el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, opta por reservar la identidad de la persona señalada en un proceso de desafuero.
El antecedente más reciente ocurrió el año pasado, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el retiro del fuero a un alcalde por presuntos delitos de extorsión y el procedimiento también se llevó de manera reservada.
Según fuentes legislativas, otro de los acuerdos tomados por la Comisión es que el dictamen deberá estar listo antes del 30 de septiembre de este año, plazo en el que se definirá si la solicitud es procedente o no.
Aunque en el Congreso no se revelaron mayores detalles, fuentes judiciales señalaron que la solicitud de desafuero estaría dirigida contra un alcalde investigado por el presunto uso de recursos públicos con fines de promoción personal, una conducta que podría configurar un delito electoral.
Hasta ahora, la identidad del alcalde investigado permanece bajo reserva.
