Acusan persecución y criminalización contra el promotor del Cipog-EZ tras bloqueo de cuentas mediante la UIF
En un comunicado se informó que Jesús Plácido Galindo tenía 280 pesos en su cuenta de Bancomer, mientras que en la de Banco Azteca no contaba con dinero. Las autoridades comunitarias exigen que cese toda forma de criminalización y persecución contra su promotor
Yasmín García. Chilpancingo, 6 de julio 2026
Comunidades y autoridades comunitarias del Ejido de Buenavista denunciaron persecución y criminalización del gobierno contra el promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara sus cuentas bancarias.
En un comunicado de prensa, las autoridades comunitarias, informaron que el líder del Cipog-EZ, tenía 280 pesos en su cuenta de Bancomer, mientras que en la de banco azteca no contaba con dinero.
“Señalamos que existe una estrategia del gobierno para desacreditar al compañero Jesús Plácido Galindo con el fin de justificar su criminalización e incluso posibles agresiones o atentados en su contra”, dice el comunicado.
El pasado 4 de julio, la UIF notificó a Plácido Galindo del bloqueo de sus cuentas bancarias y que además fue incluido en la lista de Personas Bloqueadas que de acuerdo a la UIF ocurre cuando “hay sospechas o investigaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo”.
Las comunidades y autoridades comunitarias de Ejido de Buenavista, aseguraron que, estas acciones representan un intento de criminalización de un defensor que ha dedicado “su vida entera al servicio de nuestros pueblos, lo que incrementa el riesgo para su integridad y su vida”.
Exigieron que cese toda forma de criminalización y persecución contra Plácido Galindo, “así como el respeto pleno a su labor como defensor de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de nuestro territorio”.
Responsabilizaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de cualquier acto de hostigamiento, criminalización o agresión contra el líder del Cipog-EZ.
El Cipog-EZ denunció el desplazamiento forzado y ataques con drones contra la población indígena de las comunidades de Tula, Acahuehuetlán, Alcozacán y Xicotlán, corredor que se disputan grupos de la delincuencia organizada.
