Acusan maestros que intento de adelantar cierre de ciclo escolar buscó frenar protestas
La dirigencia magisterial en la Región Centro sostiene que la SEP intenta invisibilizar las carencias del país; asimismo, impugnarán ante la CNDH una interpretación jurídica que pretende catalogar a los docentes como servidores públicos
Itzel Urieta. Chilpancingo, 12 de mayo 2026
La representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) Sectorial Región Centro, Reyna Bello de Jesús, consideró que la intención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el fin del ciclo escolar fue para evitar manifestaciones y “evitar que se mostraran las condiciones de México”.
En conferencia de prensa, Bello de Jesús señaló que la decisión no fue consultada con el magisterio y se tomó sin analizar las condiciones de los docentes.
“Les preocupa que la huelga hubiera evidenciado las condiciones que tiene el país. Eso sí les preocupaba; por eso quisieron adelantar el ciclo escolar. La huelga va, el paro va”, dijo Bello de Jesús.
Señaló que exigirán mejores condiciones para los trabajadores, entre ellas, la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.
“Invitamos a los compañeros a que se sumen a las movilizaciones, que se sumen a las protestas porque la huelga va, adelanten o no adelanten el ciclo”.
Anunció que la huelga iniciará el próximo 8 de junio a nivel nacional.
En otro tema, informaron que acudirán ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar una interpretación jurídica que, aseguraron, pretende considerar a los docentes como servidores públicos bajo el artículo 108 de la Constitución, y no como trabajadores protegidos por el artículo 123.
El abogado Rubén Cayetano García explicó que dicha interpretación deriva de una resolución contenida en un expediente judicial, y advirtieron que representa un riesgo para los derechos laborales y sindicales del magisterio.
Criticó la reforma al artículo 108 impulsada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y acusó que actualmente las autoridades federales y estatales buscan aplicar ese criterio en perjuicio de los trabajadores de la educación.
“Tenemos que ir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para controvertir qué artículo va a prevalecer: si el 108 para servidores públicos o el 123, donde históricamente han estado los trabajadores de la educación”.
Agregó que el artículo 108 está dirigido a funcionarios que manejan recursos públicos y deben rendir cuentas patrimoniales, mientras que el 123 reconoce derechos laborales y sindicales para los trabajadores de la educación.
