Acusan madres buscadoras abandono y criminalización en Guerrero

En la presentación del informe Desaparecer otra vez, Amnistía Internacional (AI) alertó que las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos enfrentan amenazas, criminalización y falta de apoyo del Estado. En Guerrero, denunciaron omisiones

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Itzel Urieta. Chilpancingo, 10 de julio 2025

Foto: Oscar Guerrero

La organización Amnistía Internacional (AI) presentó este mediodía en Chilpancingo el informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras.

El evento se realizó en el auditorio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), donde la directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares Ferreto, presentó el informe ante representantes de colectivos locales.

El informe cuenta con más de 600 testimonios de mujeres buscadoras en 30 estados del país. Entre ellas, buscadoras de Guerrero, quienes relataron amenazas, desplazamiento forzado, tortura, secuestros, violencia sexual e incluso ataques armados por su labor, de acuerdo con el informe, solo el 17 por ciento se atreve a denunciar por temor a represalias.

Una de las entrevistadas, originaria de Chilpancingo y quien prefirió omitir su nombre en el informe, narró que su casa fue atacada con más de 100 balazos luego de participar en una búsqueda.

Olivares Ferreto señaló que las principales dificultades que enfrentan las buscadoras son la criminalización por parte de los gobiernos y por la sociedad, además de que la mayoría no tienen una protección formal del estado.

También mencionó que de 2011 a 2025, 16 buscadoras fueron asesinadas en México.

“Amnistía Internacional con este informe está tratando de poner un granito de arena en la construcción de memoria, las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos no eligieron ser defensoras de derechos humanos, pero lo han tenido que hacer y lo tendrán que seguir haciendo porque el estado mexicano está absolutamente rebasado”, dijo Olivares Ferreto.

Destacó que las mujeres buscadoras tiene más hallazgos de personas desaparecidas que las autoridades

Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo María Herrera y madre de Juan Sebastián García Antúnez, desaparecido desde hace 14 años, señaló que en el estado hacen falta apoyo de las autoridades en recursos materiales y económicos.

“No hemos tenido respuesta por parte de las autoridades, no sabemos qué más hacer para que haya ese eco, esa respuesta que nosotros queremos como familiares”, expuso Antúnez Flores.

Otra de las situaciones que mencionó, son los problemas de salud físicos y psicológicos que sufren las buscadoras y sus familias, además de la criminalización.

Antunez Flores explicó que la mayoría de búsquedas y actividades que realizan los colectivos, son con recursos propios. Explicó que las edades en las que predominan las desapariciones son de 12 a 35 años.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, dijo que en México hay más de 131 mil personas desaparecidas y que las desapariciones “empeoraron” desde el año 2006.

Alertó que en lo que va de 2025 han desaparecido 6 mil 300 mujeres y 10 mil hombres.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, acusó que el gobierno estatal permanece ajeno al sufrimiento de las víctimas. “No las escucha, les da la espalda”, dijo, a pesar de ello, reconoció que la lucha de las familias avanza gracias a la fuerza de sus colectivos.

Barrera Hernández advirtió que la crisis de desapariciones en Guerrero no puede entenderse sin reconocer la complicidad entre autoridades y crimen organizado. “El poder político no tiene control sobre el crimen. Tenemos un gobierno débil, rebasado, y eso hace casi imposible la labor de las madres buscadoras”, afirmó.

Guerrero es uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas en el país, con más de 4 mil, AI denunció de 2002 a la fecha, ninguna recomendación por desaparición forzada en la entidad se cumplió, lo que genera un “clima de terror” y el riesgo de repetir tragedias como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

El informe señala además, el caso de tres jóvenes detenidos y torturados por policías municipales y ministeriales en Chilpancingo. Aunque el hecho ocurrió en 2023, a la fecha solo un agente municipal ha sido procesado, mientras que la mayoría de los implicados siguen en funciones. Para la organización internacional, esto refleja el patrón de encubrimiento que predomina en las investigaciones sobre desaparición forzada.

Desde 2014, al menos 60 fosas clandestinas fueron localizadas en la región centro y costa del estado, con 129 cuerpos exhumados. De ellos, 20 eran mujeres. Ninguno correspondía a los normalistas de Ayotzinapa. En la mayoría de los casos, los restos no se han identificado ni entregados a sus familias.

Además de documentar agresiones como amenazas, secuestros, desplazamiento forzado, tortura y violencia sexual, AI llamó al estado mexicano a cambiar su política de omisión por una de acción y compromiso real. continúa, cada vez más fuerte, a pesar del silencio institucional.

AI emitió un conjunto de recomendaciones urgentes. La organización exigió al gobierno federal y a los gobiernos estatales como el de Guerrero, que reconozcan formalmente la labor de las buscadoras, les brinden protección efectiva y garanticen su participación directa en todas las estrategias oficiales de búsqueda.

También demandó que se investigue y sancione cada una de las agresiones que han sufrido, muchas siguen impunes.

El informe plantea que es “indispensable” incorporar una perspectiva de género en todas las políticas públicas relacionadas con la desaparición, ya que las buscadoras enfrentan riesgos específicos por su condición de mujeres, muchas veces indígenas o de comunidades marginadas.

Llamó a que las instituciones responsables cuenten con independencia, recursos suficientes y personal capacitado para responder de manera diligente y humana.

AI subrayó la necesidad de que en Guerrero se cumplan las recomendaciones nacionales e internacionales que desde hace más de 10 años son ignoradas por las autoridades, incluyendo aquellas sobre desaparición forzada, intervención de cuerpos de seguridad en delitos graves y garantías de acceso a la justicia.