A 31 años de la masacre de Aguas Blancas, exigen activistas la reapertura de la investigación
Los militantes de la OCCS, sobrevivientes y viudas de los 17 campesinos de esta organización realizaron una marcha que culminó con un mitin en el lugar donde ocurrió la masacre. Norma Mesino Mesino, líder de la OCSS, afirmó que “los gobiernos del PRI, PAN, PRD y ahora Morena no han tenido voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre”
Jesús Guerrero. Chilpancingo, 28 de junio 2026
Activistas y líderes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron la reapertura del caso de la masacre de 17 campesinos ocurrida hace 31 años en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero.
Los militantes de la OCCS, sobrevivientes y viudas de los 17 campesinos de esta organización realizaron una marcha que culminó con un mitin en el lugar donde ocurrió la masacre.
Norma Mesino Mesino, líder de la OCSS, afirmó que la matanza de Aguas Blancas ocurrida el 28 de junio durante el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer fue un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado y que se castigue a los autores intelectuales.
Recordó que el 28 de junio de 1995, los campesinos se trasladaban a Atoyac de Álvarez para exigir a las autoridades la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, quien fue desaparecido, además de apoyos para el campo.
Los labriegos iban a bordo de una camioneta cuando al pasar por el Vado de Aguas Blancas un grupo de policías estatales escondidos en diversos sitios los emboscaron a balazos.
Mesino Mesino dijo que el 23 de abril de 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la resolución 396, estableciendo graves violaciones a los derechos humanos cometidas por Figueroa Alcocer, el ex Secretario General de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el ex Procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar.
La resolución de 1998 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado Mexicano ejercer acciones penales para fincar acciones legales individuales contra altos funcionarios del gobierno.
“Los gobiernos del PRI, PAN, PRD y ahora Morena no han tenido voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas”, dijo Mesino Mesino.
En el acto político, los activistas exigieron la libertar de Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la OCSS que está preso en un penal del estado de Morelos acusado injustamente de un delito del que se ha probado que no cometió.
Barragán Carrasco permanece preso desde hace 23 años en el penal de Atlacholoaya.
Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cábañas, afirmó que la masacre de Aguas Blancas, es una herida abierta y una deuda histórica que el gobierno, ni siquiera el de Morena, ha reparado.
En el acto también participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg).
