Piden a la CIDH reactivar caso de Julio César Mondragón, normalista de Ayotzinapa asesinado
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad señala que el Estado mexicano omitió responder a la CIDH y exige calificar la tortura y ejecución extrajudicial del normalista de Ayotzinapa, así como investigar la responsabilidad de las fuerzas armadas
Yasmín García. Chilpancingo, 28 de septiembre 2026
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI) exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avanzar en la petición P-2382-22 y al Estado mexicano reconocer la tortura contra el normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, y reclasificar el delito de homicidio calificado.
La noche del 26 de septiembre de 2014, el estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de entonces 22 años de edad, fue perseguido tras el ataque armado contra sus compañeros en el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte.
Mondragón Fontes era originario de Tenancingo, Estado de México.
Luego de ser perseguido, a la mañana siguiente (27 de septiembre), su cuerpo fue localizado con el rostro desollado y con múltiples fracturas, expuso en un comunicado la Red Solidaria.
“Doce años después, no se sabe con certeza quiénes lo privaron de la libertad, quiénes lo torturaron y lo asesinaron, ni qué autoridades supieron de ello”, reprochó la organización.
La investigación en México se abrió por homicidio calificado. Pese a que existe un dictamen oficial que reconoce que Julio César fue torturado, el delito no ha sido reclasificado.
“Tampoco se han esclarecido las contradicciones en los reportes militares sobre el lugar, la hora y las personas que encontraron su cuerpo, señaladas desde hace años por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
El 16 de diciembre de 2022, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registrada como P-2382-22, en representación de la señora Afrodita Mondragón Fontes, madre de Julio César.
El 27 de diciembre de 2023, la CIDH notificó que la petición había sido trasladada al Estado mexicano en la etapa de admisibilidad.
De acuerdo con la organización, el Estado dejó vencer el plazo para presentar sus observaciones y, el 12 de agosto de 2024, la Comisión dejó constancia de su falta de respuesta.
Por ello, la Red Solidaria exigió a la CIDH que emita a la brevedad el informe de admisibilidad de la petición P-2382-22, y al Estado mexicano que reclasifique la investigación reconociendo la tortura y la ejecución extrajudicial de Julio César, que se investigue a todos los actores y niveles de responsabilidad, incluida la actuación de las fuerzas armadas, y que se esclarezcan las circunstancias del hallazgo del cuerpo; así como la reparación integral a su familia y el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, con garantías de no repetición.
