Visibiliza Tlachinollan feminicidios en la Montaña con micro historias
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña expone la violencia y la falta de justicia para mujeres indígenas víctimas de feminicidio en la Montaña
Itzel Urieta. Chilpancingo, 20 de febrero 2025.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, inició una campaña de 30 micro historias de mujeres y niñas indígenas de la Montaña víctimas de feminicidio.
La campaña se hace rumbo a la conmemoración del 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, destacó que las autoridades encargadas de la procuración de justicia, ejercen violencia institucional.
“Todas estas historias que nosotros vamos a compartir, casi en su mayoría tienen estos antecedentes de que estas mujeres que han sido víctimas recurrieron primero con autoridades”, dijo Arias Vitinio.
Arias Vitinio señaló que las mujeres víctimas de violencia familiar que acuden al Ministerio Público (MP), pero sufren de revictimización por parte de quienes laboran en esas dependencias.
La campaña vidibilizará la situación de violencia que viven las mujeres de la Montaña.
Tlachinollan ha registrado a 130 mujeres víctimas de feminicidio del 2005 al 2025, de esas mujeres, 33 eran Na Savi, 32 Me´phaa 19 Nahuas, tres afromexicanas y 43 mestizas.
Además de víctimas de feminicidio, también dan acompañamiento a víctimas de tentativa de feminicidio y de violencia familiar.
“En estas micro historias hablamos de quiénes eran ellas, de los sueños que tenían ellas”.
Una de las historias es la de Dominga, una mujer originaria del pueblo Ñuu´Savi en Metlatónoc, fue víctima de feminicidio el 17 de febrero de 2019.
Dominga tenía 27 años y era madre de un niño de 10. Su ex pareja, Hermelindo N, con quien vivió por más de dos años en un entorno de violencia, la asfixió en una casa de huéspedes en Tlapa después de insistir en verla.
A pesar de las constantes amenazas, Dominga nunca presentó cargos en su contra por miedo. Su feminicidio quedó impune durante cinco años hasta que, en julio de 2024, Hermelindo N fue vinculado a proceso y detenido, gracias a la lucha de sus padres, quienes de acuerdo con Tlachinollan, enfrentaron, marginación y pobreza para exigir justicia, investigando por cuenta propia y presionando a las autoridades.
Otro caso es el de Abigail, de 14 años, originaria de Olinalá, de la comunidad de San Lázaro.
Arias Vitinio contó que Abigail quería se doctora, ella caminaba todos los días más de un kilómetro hasta Temalaczingo, al Colegio de Bachilleres.
Cuando regresaba de la escuela, en un crucero había cuatro personas que ingerían bebidas alcohólicas, uno de ellos era su tío.
“Como todos estaban en estado de ebriedad, la jalaron, se la llevaron, la violaron. Después de que la violaron le tiraron una piedra en la cabeza. El Ministerio Público no hizo nada. La gente se organizó y buscaron a la niña”.
Después de varios días, uno de los feminicidas contó dónde estaba Abigail y mencionó que lo obligaron a violar a la menor y a lanzarle la piedra. Los feminicidas están condenados a 60 años de prisión.
Otro tema que abordarán es la orfandad de las hijas e hijos después del feminicidio de sus madres.
“En su mayoría de estos casos, los hijos y las hijas son testigos de estos feminicidios que se cometen”, dijo la abogada.
Arias Vitinio señaló que la violencia y los casos de feminicidio en la Montaña no se visibilizan, lo que impide que no haya justicia para las mujeres víctimas.
La abogada consideró que una de las principales dificultades en estos casos de violencia, es la omisión de la autoridades, quienes no actúan de manera inmediata cuando ocurren los hechos. Otra situación es que cuando ocurren este tipo de muertes violentas, las víctimas son trasladadas al Servicio Médico Forense (SEMEFO), de Chilpancingo, lo que genera un costo elevado a las familias.
Por esta razón, los familiares optan por llevarse los cadáveres de su familiar por lo que ya no se investiga cuál fue la principal causa de muerte.
Arias Vitino exigió que haya mejores condiciones para la obtención de justicia, como traductores para los familiares de las víctimas, abogado que no obstaculicen el proceso y que haya sensibilidad por parte de las autoridades para tratar estos casos.
“A los ministerios públicos ya se les hace normal ver a una mujer muerta”, expuso.
