Se deslinda el Congreso de conflicto entre ASE y Abelina; “no es persecución”, dice diputada morenista
Luissana Ramos Pineda, presidenta de la Comisión de Evaluación y Vigilancia de la ASE, afirmó que la negativa de la alcaldesa de Acapulco a rendir cuentas por 898 mdp es un asunto estrictamente legal y técnico y no político
Itzel Urieta. Chilpancingo, 3 de junio 2025
La diputada presidenta de la Comisión de Evaluación y Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso local, Luissana Ramos Pineda, por Morena, aseguró que la situación de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez y su negativa de ser fiscalizada por 898 millones de pesos de presupuesto federal es un tema técnico y legal, agregó que el Legislativo no interviene en dichos procedimientos.
Ante la discusión pública que hay entre la alcaldesa de Acapulco por no presentar documentación comprobatoria referente a 898 millones de pesos de presupuesto federal destinado a obra pública ante Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que el titular de dicho órgano, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, informó que ante la negativa recurrirán al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que en dichas instancias se dirima el caso, Ramos Pineda dijo que todo eso es un tema legal y llamó a la López Rodríguez a no sentirse perseguida.
“El tema es completamente técnico, es legal, a todos los entes fiscalizables que reciben recurso público es su obligación hacer una transparencia y rendir cuentas, que además la rendición de cuentas viene de una lucha histórica que cada vez sea más transparente el uso de los recursos, no hay ninguna persecución política es un acto que se hace en el marco de la ley”, dijo Ramos Pineda.
La legisladora morenista agregó que el tema tendrá que resolverse en los tribunales y en los órganos judiciales, donde el Congreso del Estado ya no tendrá competencia para intervenir, pero si podrá darle seguimiento.
Esto porque de acuerdo con el auditor estatal, en esta semana, una vez subsanada la denuncia, turnaran el caso a FGE y al Tribunal de Justicia Administrativa, instancias que fincarán responsabilidad e impondrán sanciones su así lo determinan.
“Una auditoría no puede tomarse como una persecución política, es una obligación que tenemos todas y todos”, y agregó que todo lo relacionado al tema será el auditor la figura competente de hablar sobre el tema, ya que la comisión solo vigila y da seguimiento a los procedimientos.