Propone diputado sanciones más severas por matrimonio infantil en Guerrero
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó una iniciativa para reformar tres leyes estatales. Busca prohibir toda unión conyugal entre menores de edad, imponer sanciones penales y retirar la patria potestad a quienes organicen o consientan estos matrimonios, especialmente en comunidades indígenas y rurales
Itzel Urieta. Chilpancingo, 21 de mayo 2025
El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Pánfilo Sánchez Almazán presentó una iniciativa de reforma para adhisionar más sanciones por delito de matrimonio infantil en el estado.
La propuesta contempla modificaciones a tres leyes: la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil y, el Código Penal estatal, para cerrar vacíos legales permiten estas uniones forzadas en comunidades rurales e indígenas.
El legislador advirtió que el matrimonio infantil, especialmente cuando se concreta bajo coacción o por decisión de terceros, constituye “una de las formas más graves de violencia estructural y una vulneración directa de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes”.
Aseguró que esta práctica “perpetúa ciclos de pobreza y consolida dinámicas patriarcales”.
La iniciativa surge tras una unión simbólica celebrada el pasado 5 de mayo en la comunidad de San Pedro Cuitlapan, municipio de Tlacoachistlahuaca, entre dos menores de 15 años.
Aunque el ayuntamiento negó la validación oficial del acto, la participación de autoridades tradicionales y familiares evidenció, según Sánchez Almazán, una normalización preocupante de este tipo de violencia.
“La ley prohíbe el matrimonio entre menores de edad, pero la realidad en muchas regiones del estado nos muestra lo contrario. No podemos seguir permitiendo que el pretexto de los usos y costumbres justifique la violación de derechos fundamentales”, dijo Sánchez Almazán en tribuna.
La reforma propuesta plantea la prohibición absoluta, sin excepciones, de cualquier tipo de unión conyugal entre menores de 18 años, incluidas las basadas en prácticas comunitarias.
Contempla sanciones civiles como la pérdida de la patria potestad para quienes organicen o consientan estos matrimonios, y sanciones legales para quienes incurran en el delito de matrimonio infantil forzado o concertado.
También se busca obligar a las instituciones del estado a establecer mecanismos permanentes para prevenir, detectar y actuar ante este tipo de prácticas.
Precisó que el enfoque debe ser intercultural y con perspectiva de género.
En cuanto al Código Penal del Estado, se propone la inclusión de un nuevo artículo que tipifique como delito autónomo el matrimonio infantil forzado, con agravantes cuando la víctima pertenezca a grupos vulnerables, como pueblos indígenas, personas en pobreza extrema o con discapacidad.
El legislador recordó que México está suscrito a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obligan a los estados a erradicar estas prácticas.
“Estas convenciones tienen el mismo rango que la Constitución, y su incumplimiento expone al país a responsabilidad internacional”.
Sánchez Almazán llamó al Congreso local a aprovechar “la oportunidad histórica” de poner fin a una de las expresiones más crueles de violencia estructural.
Agregó que la iniciativa no solo responde a una necesidad jurídica, si no también a un deber ético y social.
