Pospone el Congreso local analisis de la ley sobre desaparición de personas
El día de ayer se reunieron con los legisladores los integrantes de 20 colectivos de búsqueda. Les informaron que esperarán que la Cámara de Diputados federal discuta y apruebe la reforma en la materia enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo
Itzel Urieta. Chilpancingo, 28 de marzo 2025.
El proceso para la creación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas en estado ha quedado en pausa luego de que el Congreso local optó por esperar la reforma a la Ley General de Población y a la Ley General de Desaparición Forzada, presentada recientemente por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra informó que la decisión fue comunicada a colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos durante una reunión con diputados locales, funcionarios estatales y representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).
El objetivo de la reunión de este jueves, era avanzar en los trabajos técnicos de la iniciativa local, que colectivos han impulsado desde 2018 sin éxito.
En la reunión, en el Congreso del estado participaron 20 colectivos de personas búsqueda, asesores jurídicos y representantes de organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo con Rosales Sierra, la intención original era trabajar en los puntos faltantes de la ley estatal, pero ahora deberán esperar a que la Cámara de Diputados federal discuta y apruebe la reforma de Sheinbaum Pardo para analizar su impacto en Guerrero.
“Venimos a trabajar sobre la ley estatal, pero ahora tendremos que esperar otra semana más. La desaparición forzada es un delito federal, por lo que primero debemos revisar la propuesta de la presidenta y ver si es similar a la nuestra o si tendremos que adaptarnos a ella”, explicó Rosales Sierra al término de la reunión.
Los colectivos y diputados, acordaron una nueva reunión el 3 de abril para analizar la iniciativa de la mandataria federal y determinar si responde a las necesidades específicas del estado, donde la crisis de desapariciones persiste desde los años 60.
“Si nos convence, nos quedamos con ella; si no, podemos añadirle aspectos que consideremos necesarios. Guerrero tiene una situación distinta a otros estados como Guanajuato, aquí la violencia ha sido un problema constante durante décadas”, agregó la activista.
Para los colectivos en el estado, la prioridad es que las víctimas tengan acceso a una legislación que garantice justicia, búsqueda efectiva y reparación del daño.
“Lo que queremos es que la ley permita a las víctimas exigir sus derechos y que las desapariciones sean atendidas con seriedad”, afirmó Rosales Sierra.
Desde 2018, colectivos han exigido al Congreso de Guerrero que apruebe una ley en materia de desaparición de personas.
En dos legislaturas pasadas se presentaron iniciativas que nunca fueron dictaminadas, lo que generó descontento entre familiares de desaparecidos y activistas.
Una de sus principales demandas es que tanto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) como la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) se conviertan en organismos autónomos y dejen de depender de la Secretaría General de Gobierno.
Otra de sus exigencias es la creación de un Centro de Identificación Humana, que permita identificar restos humanos de manera eficiente.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso, Jesús Urióstegui García, aseguró que el Congreso local tiene la intención de trabajar con los colectivos una vez que se conozca la iniciativa federal.
Señaló que hay disposición para armonizar la legislación estatal con la nacional y destacó que cualquier cambio requerirá consenso dentro del Congreso.
“Vamos a esperar el documento federal y, a partir de ahí, establecer el diálogo con los colectivos. Si se aprueba a nivel nacional, habrá un proceso de armonización en Guerrero y nuestra labor será generar consenso entre las distintas fracciones parlamentarias”, señaló Urióstegui.
Por su parte, Francisco Rodríguez Cisneros resaltó que la iniciativa de la presidenta permitirá optimizar la respuesta de las autoridades ante desapariciones y que su aplicación es una prioridad para el gobierno estatal.
En la reunión estuvieron presentes colectivos como María Herrera, Lupita Rodríguez Narciso, Memoria Verdad y Justicia, Luciérnaga, así como representantes de centros de derechos humanos como Tlachinollan y el José María Morelos y Pavón.
