Notifica el Congreso local a Abelina López de solicitud de revocación de mandato
La Comisión Instructora del Congreso local le informó a la alcaldesa de Acapulco sobre su derecho a responder a la solicitud de revocación de mandato promovida por Ramiro Solorio, quien la acusa de omisiones reiteradas en su gestión
Itzel Urieta. Chilpancingo, 13 de mayo 2025
La Comisión Instructora del Congreso del Estado notificó a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de su derecho a responder a las acusaciones que se han presentado en su contra en el marco de la solicitud de revocación de mandato.
De acuerdo con el procedimiento, López Rodríguez tiene un plazo de cinco días naturales para presentar sus alegatos y ofrecer las pruebas que considere pertinentes.
Esta solicitud de revocación fue promovida por Ramiro Solorio Almazán, ex candidato a la alcaldía y político opositor, quien argumenta que López Rodríguez ha incurrido en “omisiones reiteradas en el ejercicio de sus funciones” y, por ello, considera que el Congreso debe revocarla de su cargo.
“Es fundamental que el Congreso actúe dentro de sus facultades y se tomen en cuenta las faltas de la alcaldesa”, señaló Solorio Almazán.
La notificación emitida por la Comisión Instructora otorga el derecho a la alcaldesa de contestar la denuncia en los próximos días, además de permitirle ofrecer pruebas y realizar los alegatos que estime necesarios.
El documento también detalla que la parte denunciante, Solorio Almazán, tiene la misma cantidad de tiempo para presentar pruebas adicionales y fortalecer su denuncia.
En otro aspecto del procedimiento legislativo, se notificó al Cabildo de Acapulco sobre la situación de la alcaldesa, con el fin de justificar cualquier ausencia que pudiera surgir en su cargo y permitir que se manifieste lo que considere pertinente respecto al proceso.
Además de esta solicitud de revocación, la alcaldesa enfrenta otras situaciones legales.
López Rodríguez está bajo una solicitud de juicio político presentada por dos ex trabajadores del Ayuntamiento que fueron despedidos en 2006 y acusan a la funcionaria de no pagar un laudo laboral.
Este caso ya fue enviado a la Comisión de Examen Previo, la cual emitirá un dictamen.
Otro pendiente es la solicitud de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que le exigió comprobar el uso de 898 millones de pesos del presupuesto federal destinados a obras públicas.
La alcaldesa tiene hasta el 27 de mayo para solventar esta situación, de lo contrario, el auditor Marco César París Peralta Hidalgo advirtió que el caso podría ser turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) o al Tribunal Administrativo.
