Matrimonios infantiles son decisiones de madres y padres, afirma Cecilia Narciso Gaytán
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero resaltó que ninguna costumbre puede estar por encima de ese marco legal ni de los derechos humanos de niñas y adolescentes
Itzel Urieta. Chilpancingo, 20 de enero 2026
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán, informó que en muchas ocasiones los matrimonios infantiles en regiones indígenas está vinculada principalmente a decisiones tomadas desde los hogares, donde las madres y padres de familia justifican dicha prácticas bajo el argumento de usos y costumbres.
Después de que se dio a conocer un nuevo caso de matrimonio infantil en la región Montaña, que también es investigado para determinar si ocurrió en la Costa Chica, la titular del organismo señaló que aunque existen acciones institucionales desde 2021, el problema continúa.
Mencionó que los acuerdos para casar a niñas y menores son realizados por los propios padres, sin respetar el derecho de las menores a decidir.
“Anteriormente se hablaba que es de acuerdo a usos y costumbres, pero primeramente es el derecho a decidir de ellas”, dijo Narciso Gaytán.
Indicó que desde la Comisión se han impulsado estrategias de capacitación y cursos dirigidos no solo a autoridades comunitarias, como comisarios, quienes afirmó, son los primeros en conocer estos casos, también mediante políticas públicas enfocadas al sector educativo, en coordinación con dependencias del gobierno del estado.
Reconoció que el principal obstáculo se encuentra dentro de las propias comunidades y familias.
“El derecho a decidir, que determina a los papás, son los papás los que llegan a los convenios para poderlas unir en matrimonio”.
Recordó que el Código Civil establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años y mencionó que ninguna costumbre puede estar por encima de ese marco legal ni de los derechos humanos de niñas y adolescentes.
La presidenta de la CDHEG insistió en que el problema no se limita a la región Montaña, sino que se presenta también en otras localidades del estado.
Consideró inportante fortalecer la cultura de los derechos humanos para evitar que las menores interrumpan “su proyecto de vida”, incluido el acceso a la educación.
Reconoció que, pese a los esfuerzos institucionales, aún falta un mayor compromiso social desde los hogares.
“Nosotros desde la Comisión hacemos la capacitación, pero si los papás aún en las comunidades siguen con eso, que todos lo conocemos, desde una costumbre de poderlas unir y no tomar y no respetar los derechos de sus hijas, la política pública de incidir y dar a conocer los derechos, ahí va a quedar”.
