POLÍTICA

Investigan por cohecho a alcaldesa de Acapulco por collar de lujo

La Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta contra Abelina López Rodríguez por la presunta aceptación de un collar Van Cleef & Arpels valuado en 227 mil pesos


Itzel Urieta. Chilpancingo, 7 de enero 2026

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho derivado de la posesión de un collar de la marca francesa Van Cleef & Arpels, con un valor estimado en 227 mil pesos.

El cohecho es un delito que comete un servidor público cuando recibe o acepta dinero, regalos o cualquier beneficio indebido a cambio de realizar u omitir actos relacionados con sus funciones.

De acuerdo con documentos oficiales, la Fiscalía abrió la carpeta de investigación 12022200300020071125, tras una denuncia presentada por el ex candidato a alcalde de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán.

En el expediente indica que la investigación se instruye “por el hecho que la ley señala como delito de cohecho y lo que resulte”.

Como parte del procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción giró una orden de presentación para que la alcaldesa acuda a rendir su declaración en relación con los hechos denunciados.

Además, solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la documentación que acredita a López Rodríguez como presidenta municipal.

El lunes comparecieron ante la Fiscalía dos testigos presenciales y el denunciante, Solorio Almazán.

La denuncia sostiene que la edil incurrió en el delito de cohecho, al tratarse de un regalo de alto valor, lo cual está prohibido para servidores públicos.

El señalamiento se sustenta en el artículo 283 del Código Penal del Estado, que establece sanciones para el funcionario que reciba de manera indebida dinero, dádivas o cualquier beneficio vinculado a sus funciones.

El mismo artículo contempla penas de seis a 16 años de prisión, además de multas económicas, cuando el valor de la dádiva supere mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El caso se hizo público luego de López Rodríguez portara el collar durante una sesión de Cabildo, después afirmó que se trató de un regalo que no pudo rechazar.

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