Exige Tlachinollan que el estado cumpla recomendaciones de CEDAW ante violencia contra mujeres
Tlachinollan urgió acciones ante la alerta del Comité CEDAW por el aumento de feminicidios, desapariciones y discriminación, principalmente en la Montaña
Itzel Urieta. Chilpancingo, 11 de julio 2025
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan urgió al Estado mexicano a cumplir con las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ante la violencia que enfrentan mujeres, adolescentes y niñas, principalmente en la Montaña de Guerrero.
El pasado 7 de julio, despiés su décima revisión periódica, CEDAW advirtió que la violencia contra las mujeres va en aumento y criticó la respuesta del Estado por ser “ineficaz e insuficiente” ante los feminicidios, desapariciones, violencia sexual y tortura.
En sus observaciones finales también alertó sobre los estereotipos patriarcales arraigados que perpetúan la desigualdad y limitan los derechos de las mujeres.
En regiones como la Montaña, estos patrones tienen consecuencias graves. El Centro documentó de 2005 a 2025 más de 135 feminicidios, siete de ellos de niñas. El 43 por ciento de las víctimas eran mestizas, el 33 por ciento ñu’u savi, 32 me’phaa, 19 nahuas y el 3 por ciento afromexicanas.
Entre 2018 y 2023 desaparecieron doce mujeres, cuatro eran niñas. Sus familias realizan las búsquedas por su cuenta, a pesar de la violencia del crimen organizado y la omisión de las autoridades.
De acuerdo con el comunicado, las fiscalías se niegan a clasificar las muertes violentas como feminicidios. No aplican perspectiva de género, ignoran los ciclos de violencia y discriminan a quienes no hablan español.
“Las mujeres indígenas cuando van a los ministerios públicos para interponer una denuncia por feminicidios, desapariciones, por guarda y custodia o violación son discriminadas y revictimizadas por las mismas autoridades”, se lee en el comunicado.
También enfrentan discriminación en sus comunidades. Se les niega el derecho a heredar tierras, no participan en asambleas y muchas son expulsadas para sobrevivir como jornaleras agrícolas. Trabajan en campos de cultivo en condiciones de explotación, lejos de sus hogares y sin alternativas.
Tlachinollan denunció que los jueces otorgan la custodia de los hijos a los hombres sin tomar en cuenta el contexto de violencia. Las mujeres que intentan conservarlos son criminalizadas, golpeadas y abandonadas. Ni las autoridades comunitarias ni las instituciones las protegen. Algunas han terminado en prisión por intentar estar con sus hijas e hijos.
En los casos donde hay niñas y niños, tampoco se aplica el principio del interés superior de la niñez. Muchos abandonan sus comunidades para trabajar en el campo. La falta de escuelas, maestros y apoyos aumenta la precariedad. Los programas sociales no han resuelto esta crisis.
Entre las recomendaciones al estado mexicano, CEDAW propuso garantizar el acceso a la justicia, eliminar la discriminación en la propiedad de tierras, atender la violencia en escuelas y universidades y mejorar las condiciones de vida de mujeres indígenas y afromexicanas. También urgió al reconocimiento formal de las buscadoras como defensoras de derechos humanos.
Tlachinollan exigió a los gobiernos federal, estatal y municipal cumplir con las recomendaciones del Comité. Pidió presupuestos reales para refugios, centros de justicia y servicios de protección accesibles, especialmente para mujeres con discapacidad o que viven en zonas rurales. También llamó a la aplicación efectiva de protocolos de emergencia como Alba y Alerta Amber, así como a cerrar las brechas de desigualdad.
“El discurso de los tiempos de mujeres se vacía si no hay acciones. Las mujeres indígenas siguen sin ser vistas ni escuchadas”.
