POLÍTICA

Contraloría inhabilita a 23 y sanciona a 4 mil 483 servidores públicos en 2026

En su comparecencia ante el Congreso local, el contralor José Francisco González Sánchez enfrentó cuestionamientos de la oposición por la opacidad en contrataciones y denuncias sin resolver. Legisladores del PAN y PRI exigieron transparentar los montos recuperados y las adjudicaciones directas


Itzel Urieta. Chilpancingo,19 de noviembre 2026

El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Francisco González Sánchez, informó que 4 mil 483 servidores y exservidores públicos fueron sancionados por faltas administrativas durante el último año; entre ellos, 460 recibieron apercibimientos y 23 fueron inhabilitados.

Durante su comparecencia ante el Congreso local, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, el funcionario reportó que los órganos internos de control recibieron 353 denuncias, de las cuales 120 fueron concluidas y 233 permanecen en integración.

González Sánchez sostuvo que el combate a la corrupción no se limita a las sanciones, sino que también contempla acciones preventivas, como auditorías, capacitación de servidores públicos y mecanismos de participación ciudadana.

En materia de fiscalización, destacó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó más de 81 mil 212 millones de pesos de la Cuenta Pública 2024 del Gobierno estatal y observó aproximadamente cuatro millones de pesos, monto que, aseguró, ya fue solventado.

Destacó que Guerrero se ubicó en el segundo lugar nacional entre las entidades con menos observaciones en las auditorías practicadas al Poder Ejecutivo estatal y que la dependencia logró aclarar 631 millones de pesos correspondientes a observaciones de las cuentas públicas de 2021 a 2024.

La diputada panista, Irene Montiel Servín, cuestionó los resultados de la Contraloría y señaló que, de acuerdo con las cifras que revisó del informe, fueron sancionados 483 servidores y exservidores públicos, de los cuales 460 recibieron apercibimientos, lo que equivale a alrededor del 95 por ciento.

La legisladora pidió conocer cuántas sanciones correspondieron a actos de corrupción, como cohecho, peculado o desvío de recursos, cuántas resoluciones están firmes y por cuánto tiempo fueron inhabilitados los funcionarios.

También cuestionó que el apartado denominado “Cero Impunidad” no informe cuánto dinero se recuperó por irregularidades y señaló que 233 denuncias permanecen en integración.

Montiel Servín indicó que, de 394 procedimientos de contratación en los que participó la Secretaría, 123 fueron adjudicaciones directas, por lo que pidió transparentar los montos, proveedores y justificaciones de esas operaciones.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Bravo Abarca, cuestionó la falta de información detallada sobre auditorías, contrataciones y procedimientos administrativos, y pidió publicar los resultados de la fiscalización para conocer las observaciones, recuperaciones y sanciones derivadas.

González Sánchez detalló que 460 funcionarios recibieron amonestaciones por no presentar su declaración patrimonial y 23 fueron inhabilitados, principalmente por hostigamiento o acoso sexual y laboral, omisiones en procesos de entrega-recepción y otras irregularidades.

De las inhabilitaciones, nueve correspondieron a casos de hostigamiento o acoso sexual y laboral; siete, a inconsistencias en entregas-recepción; y siete, a otras faltas.

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