GUERRERO

Acusa CRAC-PC-PF a alcaldesa de liberar a presuntos homicidas detenidos en Ayahualtempa

La organización indígena de Guerrero exigió una investigación federal contra la presidenta municipal de José Joaquín de Herrera, Micaela Manzano Martínez, a quien señalan de interferir con la justicia comunitaria y de mantener presuntos nexos con la delincuencia organizada tras un ataque armado en 2025


Itzel Urieta. Chilpancingo, 17 de noviembre 2026

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) acusó a la presidenta municipal de José Joaquín de Herrera, Micaela Manzano Martínez, de intervenir para liberar a personas que permanecen bajo su sistema de reeducación comunitaria, a quienes señalaron de cometer tres homicidios calificados y lesiones en Ayahualtempa.

La organización denunció que la alcaldesa acudió el 16 de noviembre, alrededor de las 6 de la tarde, a esa comunidad, donde presuntamente buscó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) para conseguir la liberación de las tres personas.

En un comunicado, la CRAC-PC-PF mencionó que la Fiscalía tenía conocimiento de los delitos que se les atribuyen a los detenidos, y aseguró que fueron retenidos después de una agresión armada ocurrida el 31 de octubre del 2025.

De acuerdo con la versión de la CRAC-PC-PF, ese día las autoridades de Ayahualtempa convocaron a una reunión y, antes de que llegaran los representantes comunitarios, un grupo armado encabezado por Evaristo Bolaños de Jesús comenzó a disparar contra habitantes de la localidad.

Ante la agresión, la autoridad municipal solicitó el apoyo de la Policía Comunitaria y del gobierno estatal. La CRAC-PC-PF afirmó que fueron detenidas 28 personas, de las cuales algunas quedaron libres y otras continúan bajo investigación.

La organización también acusó a Manzano Martínez de tener presuntos vínculos con un grupo delictivo que opera en la zona.

“Pedimos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a que investigue a la alcaldesa de José Joaquín de Herrera, Micaela Manzano Martínez”, se lee en el comunicado.

La CRAC-PC-PF rechazó que Ayahualtempa acordara formalmente la desaparición de su Policía Comunitaria y aseguró que hay una división entre los habitantes, la cual atribuyó a familiares de las personas bajo reeducación.

Sostuvo que un supuesto documento para desintegrar la Policía Comunitaria fue elaborado por un abogado del Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera, situación que, afirmó, contribuyó al conflicto interno.

La organización defendió la permanencia de su sistema de seguridad y justicia comunitaria con base en el artículo 2 de la Constitución Política, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y su autonomía para decidir sus formas de organización.

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