No auditan a 38 entes, entre ellos la Uagro, de la Cuenta Pública 2024, denuncian

La legisladora Irene Montiel advirtió que cerca del 79% de las inconsistencias detectadas no han sido atendidas y exige esclarecer el destino del presupuesto estatal. Pese a que se registran mil 874 observaciones pendientes y faltas en auditorías, el Congreso local dio su aval al ejercicio fiscal de los tres poderes

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Itzel Urieta. Chilpancingo, 20 de octubre 2026

La diputada local del PAN, Irene Montiel Servín, cuestionó la aprobación de la Cuenta Pública 2024 del estado, la cual reporta mil 874 resultados con observaciones sin solventar, y denunció la falta de sanciones por las irregularidades señaladas.

Durante su intervención en el Congreso local, la legisladora cuestionó que se aprobara el ejercicio fiscal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de fideicomisos y órganos autónomos, pese a los pendientes identificados en las auditorías.

“Hoy se nos pide aprobar la Cuenta Pública 2024 del Poder Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo y de los órganos autónomos, lo cual es, en los hechos, firmar un cheque en blanco”, dijo Montiel Servín.

Indicó que el dictamen reporta 2 mil 374 resultados con observaciones, de los cuales mil 874 no se han atendido, lo que representa cerca del 79 por ciento.

Comparó la cifra con las mil 712 observaciones sin solventar de la Cuenta Pública 2023 y afirmó que hay 162 pendientes más que el año anterior.

“Es decir, cada vez hay más irregularidades en el manejo del recurso público y ‘no pasa nada’”.

La diputada cuestionó las calificaciones de gestión adecuada otorgadas a dependencias con observaciones pendientes. Como ejemplo, mencionó a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), con 12 resultados sin atender y siete pliegos de observaciones; a la Secretaría de Salud, con siete observaciones sin solventar; y al Congreso local, el cual, afirmó, tiene cuatro pliegos pendientes.

“Y este Congreso se califica como ‘adecuado’ con cuatro pliegos pendientes. Somos juez y parte”.

Montiel Servín cuestionó el alcance de las auditorías al Poder Ejecutivo central, cuyo presupuesto ascendió a 49 mil millones de pesos. Afirmó que la muestra revisada cubrió apenas nueve de cada 100 pesos y que las secretarías de Educación y Salud tuvieron porcentajes de revisión de 2.62 y 3.78 por ciento, respectivamente.

“Si en el 2 por ciento del presupuesto encontraron siete pliegos de desfalco y cuatro funcionarios penalizados, ¿qué encontraríamos si hubiéramos auditado el 100 por ciento de la Secretaría de Educación?”.

Entre las irregularidades, mencionó pagos de obras sin documentación comprobatoria, remuneraciones superiores a las de la gobernadora, retenciones de impuestos y cuotas de seguridad social sin enterar, adquisiciones sin los procedimientos correspondientes y pagos excesivos o indebidos en obra pública.

La legisladora reprochó que, pese a esos señalamientos, el dictamen no reportara promociones ante autoridades fiscales ni denuncias de hechos relacionadas con las acciones pendientes.

“Si hubo pagos deliberados sin comprobación, este Congreso no me los puede avalar”.

También cuestionó que 38 entes no fueran auditados y que cuatro organismos con evaluaciones negativas de la Auditoría Superior del Estado (ASE) no aparecieran en el decreto, mientras otras entidades con opiniones similares sí fueron incluidas, entre ellas la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

Señaló que el propio dictamen reconoce que la falta de auditorías no “permite emitir un juicio sobre la legalidad” y honestidad del manejo de los recursos, pese a que se asignaron calificaciones favorables de gestión a esos organismos.

A esos señalamientos sumó las observaciones que atribuyó a informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre ellas diferencias entre la deuda reportada y la Cuenta Pública por casi 203 millones de pesos, así como cinco financiamientos de corto plazo por 3 mil 930 millones de pesos.

La diputada vinculó las presuntas irregularidades con las condiciones de pobreza y las carencias en salud y educación que enfrenta Guerrero, y advirtió que el uso indebido de los recursos públicos repercute en la atención de las necesidades de la población.

“Guerrero no necesita un Congreso que apruebe de oficio lo que la fiscalización dejó pendiente. Necesita que cada peso de las y los guerrerenses se explique”.

Montiel Servín votó en contra del dictamen de la Cuenta Pública 2024 y exigió que se investiguen las irregularidades, se sancione a quienes resulten responsables y se informe al Congreso sobre las consecuencias legales a los servidores públicos.