Advierte Tlachinollan que detención de Aguirre sea para encubrir participación del Ejército en caso Ayotzinapa
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, cuestionó las pruebas presentadas por la FGR contra el ex gobernador, al considerar que podrían ser “endebles”
Redacción. Acapulco, 16 de agosto 2026
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, reconoció que existe temor de que la reciente detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta vinculación con el caso Ayotzinapa, resulte insuficiente y termine convirtiéndose en un distractor político, mientras se deja de lado la posible participación de agentes del Ejército Mexicano.
El antropólogo cuestionó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex mandatario, al considerar que podrían ser “endebles”, pues aseguró, se sustentan principalmente en dos testimonios, frente a las 31 pruebas presentadas por la defensa.
Aguirre Rivero es señalado por la FGR de presuntamente haber ordenado la destrucción de videos de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, que pudieron haber registrado parte de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa durante la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Hay preocupación que la fiscalía no tenga suficientes elementos en términos de pruebas, para poder garantizar la responsabilidad. Hay una responsabilidad indiciaria, pero falta que en el periodo que dieron de 4 meses se robustezca… Lo que sí nos preocupa es que en verdad se esté concentrando la investigación en actores estatales, se ha dejado de lado a los actores del ejército”, reprochó.
Barrera Hernández –quien ha acompañado a los padres de los 43 normalistas desaparecidos– criticó que las nuevas líneas de investigación dejen fuera la participación del Ejército, pese a que existen pruebas sobre el seguimiento que realizaron a los estudiantes.
“Se están dejando de lado las líneas de la participación del Ejército, que hay pruebas de seguimiento a los jóvenes, que tenían el C4, que el ejército tuvo ahí una presencia en la clínica Cristina, en Iguala, en fin, la presencia de ellos se está invisibilizando”, acusó.
Recalcó que existe el temor de que esta nueva línea de investigación se convierta en un distractor, al considerar que se están dejando de lado investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y concentrando la atención en funerarias y sus operadores, entre ellos integrantes de la familia Rueda, en Iguala.
“Ese es el temor, que nuevamente prevalezcan otros elementos que no sean jurídicos, técnicos, científicos, en la responsabilidad que puedan tener actores de Estado en la desaparición, y que los padres sigan sufriendo por este rejuego”, concluyó.
Caso Jesús Plácido
De la detención del líder comunitario del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) Jesús Plácido Galindo, Barrera Hernández informó que el caso aún deberá ser revisado por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Indicó que el procedimiento avanza lentamente, debido a que el expediente aún no ha sido enviado al Tribunal para la asignación de un magistrado y posteriormente iniciar el proceso de apelación, cuya resolución podría darse en un periodo aproximado de tres meses.
Jesús Plácido Galindo fue detenido a mediados de julio pasado por su probable responsabilidad en el homicidio de un hombre.
