Empujarán buscadoras y buscadores que CEBP se convierta en OPD
Representantes de 15 colectivos de la entidad se reunieron con una legisladora local en la sala “José Francisco Ruiz Massieu”. A la reunión no asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla, lo que provocó reclamos de las buscadoras.
Yasmín García. Chilpancingo, 29 de julio 2026
Foto: Óscar Guerrero
Representantes de colectivos se reunieron con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Araceli Ocampo Manzanares, quien explicó a las buscadoras y buscadores en qué términos se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición de Personas del Estado de Guerrero; colectivos proponen reformas a la ley, ya que buscan que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) se convierta en un Organismo Público Descentralizado (OPD).
Este miércoles, representantes de 15 colectivos de la entidad se reunieron con la legisladora local en la sala “José Francisco Ruiz Massieu”. A la reunión no asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla, lo que provocó reclamos de las buscadoras.
En conferencia de prensa al término de la reunión privada (no se permitió el acceso a reporteros), David Molina Rodríguez, representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, precisó que la ley fue aprobada el pasado 16 de julio por los diputados locales, sin que la CEBP tuviera autonomía; es decir, continúa dependiendo de la Secretaría General de Gobierno, por lo que se hará una reforma, pese a que la ley aún no ha sido publicada en el Diario Oficial del Gobierno Estatal, ya que es la demanda central de las familias.
El representante del colectivo explicó que la ley tiene 165 artículos divididos en seis títulos; mencionó que el título segundo habla de las responsabilidades que tienen todas las autoridades que intervienen en las búsquedas, como la CEBP y la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV).
También buscarán conformar un Consejo Ciudadanoy células de búsqueda con responsabilidades de los ayuntamientos, es decir, que estén integradas por un síndico, un regidor y directores de diversas áreas como Protección Civil, además de comisarios y ejidatarios, para que se involucren en las búsquedas que se realicen en sus municipios y comunidades.
Molina Rodríguez subrayó que otra de las peticiones de las familias buscadoras es que el Centro Estatal de Resguardo Temporal e Identificación Humana que se construye en Acapulco tenga la figura jurídica de un Organismo Público Descentralizado (OPD) para que ejerza su propio recurso.
“Las anteriores legislaturas no pasaba (la Ley) porque requiere un recurso grande para la construcción del Centro; sin embargo, con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que ha dado un presupuesto de 19 millones y otro de 22, ya está prácticamente la obra; no queda muy claro por qué no se ha entregado en su totalidad. No tiene agua, energía eléctrica, falta el equipamiento; se comprometió el gobierno estatal a que dará 45 millones y 27 la CNB, ya serían 71 millones”, manifestó.
La representante del Colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Emma Mora Liberato, afirmó que el Centro de Identificación es lo que necesitan todos los colectivos, porque el 90 por ciento de los casos (de personas desaparecidas) son de larga data; por ello, urge que se les dé identidad a los tres mil 181 cuerpos que están en los distintos Semefos y en fosas comunes.
La presentante del Colectivo Familiares en Búsqueda, María Herrera, relató que, durante el encuentro, cuestionaron a la legisladora local de él por qué no se les informó e invitó cuando aprobaron la ley (el 16 de julio), por lo que la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local contestó que ella no se encargó de las invitaciones, sino que era tarea del presidente de la Jucopo, quien tampoco estuvo presente en dicha reunión.
La reunión con Ocampo Manzares ocurrió por gestión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la cual fue solicitada por los colectivos el 20 de julio durante la reunión que sostuvieron en Casa Guerrero.
