Aprueban diputados de Guerrero Ley de Desaparición de Personas; “es una victoria a medias”, señalan colectivos

Tras seis años en la congeladora, los legisladores locales armonizaron una ley para prevenir, investigar y sancionar la desaparición en Guerrero. El representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, David Molina Rodríguez, lamentó que la ley se aprobó sin que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) ya no dependiera de la Secretaría General de Gobierno y fuese autónoma con recursos propios

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Yasmín García. Chilpancingo, 16 de julio 2026

Foto: Óscar Guerrero

El Congreso local aprobó el dictamen con proyecto de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas en el Estado de Guerrero, después de que estuvo en la congeladora durante más de seis años.

“Es una victoria a medias”, lamentaron buscadores de desaparecidos, luego de que una de las exigencias de los 24 colectivos que existen en Guerrero, es que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) fuera autónoma.

La diputada local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Araceli Ocampo Manzanares, fundamentó el dictamen, destacó que la ley contempla la creación del Sistema y la Comisión de Búsqueda locales, regula el Centro Estatal de Identificación Humana y garantiza la reparación del daño, la protección y la participación de los familiares de las víctimas en los procesos de localización.

Ocampo Manzanares indicó que es una ley que se hizo junto con los colectivos de familiares de personas desaparecidas durante las reuniones que tuvieron.

La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Irene Montiel Servín, precisó que dicha ley no nace de la generosidad del poder; nace de la lucha de los colectivos, que desde el año 2018 elaboraron, junto con personas expertas, una propuesta que permaneció congelada durante las dos últimas legislaturas.

“Hoy que por fin se discute, lo mínimo que les debemos es reconocer su autoría moral y garantizar que el dictamen refleje fielmente sus propuestas y no una versión diluida de ellas”, manifestó en tribuna.

La diputada panista pidió a sus compañeros y compañeras reconocer que un ordenamiento anterior a la Ley General de 2017 fue rebasado por completo por el marco nacional e internacional vigente. Desde la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, y que tenían la obligación de armonizar la legislación estatal.

“Y esa obligación se hizo todavía más apremiante con la reforma a la propia Ley General publicada el 16 de julio de 2025 —hace exactamente un año—, cuyo régimen transitorio ordenó a las entidades federativas armonizar sus leyes locales en un plazo de treinta días e implementar lo relativo a las Fiscalías Especializadas, previsto en su artículo 68, dentro de los sesenta días naturales siguientes. Llegamos tarde. Pero más vale que Guerrero llegue tarde a cumplir, a que siga instalado en la omisión legislativa”, reprochó.

Por su parte la diputada morenista, Marisol Bazán Fernández, se dijo familiar de una víctima de desaparición forzada, “y puedo decir que es algo que marca la historia de una familia entera”.

Bázan Fernández arremetió contra la oposición asegurando que en su gobierno se dispararon las cifras de personas desaparecidas, y que el Centro Estatal de Identificación Humana sí tiene presupuesto.

En ese sentido, la diputada priista Pilar Vadillo Ruiz pidió intervenir por rectificación de hechos y recordó que el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue asesinado en este gobierno.

La diputada priista, Beatriz Veléz Núñez, dijo que la desaparición de personas es una herida abierta y que no se trata de echar culpas.

“No es echar culpas si fue en el sexenio pasado o fue en este, los legisladores tenemos una gran responsabilidad donde exista ese derecho una oportunidad para todos. Votar a favor es reconocer que la memoria y la dignidad de cada persona desparecida nos obligan a construir que nunca las las ausencias sean ignoradas”, aseveró la diputada local.

La legisladora local, Leticia Mosso Hernández, indicó que el dictamen con proyecto de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas en el Estado de Guerrero, es el resultado de un trabajo construido con colectivos, Cruz Roja Mexicana, y dependencias como Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría General de Gobierno.

Por su parte el diputado local y ex presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui García, pidió intervenir por rectificación de hechos, destacó que la ley es una exigencia de las familias y que “no debe de haber ni color, ni partido, es una exigencia que no debemos politizar y con independencia de las con ambiciones políticas, es importante que le demos el honor”.

Urióstegui García mencionó que celebraron más de 22 reuniones de trabajo en el Congreso con más de 15 colectivos a quienes les agradeció organizarse en las mesas de trabajo desde hace más de ocho meses.

Indicó que el proyecto fue analizado y escuchado por parte del gobierno del estado, en ese contexto, agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros y al fiscal General del Estado (FGE), Zipacná Torres Ojeda, por prestar sus instalaciones y permitir las mesas de trabajo.

El representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, David Molina Rodríguez, lamentó que la ley se aprobó sin que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) ya no dependiera de la Secretaría General de Gobierno y fuese autónoma con recursos propios, “ es una victoria a medias”.

“Teníamos la oportunidad histórica y nacional de hacer una Comisión Estatal de Búsqueda totalmente autónoma, la primera a nivel nacional, por qué dejar que los políticos decidan quién y cómo dirija la comisión, porque no dejar que los colectivos elijan por sí mismos”, recriminó.

Molina Rodríguez precisó que este gobierno es tan malo, “que hasta cuando quiere hacer el bien, hace el mal irremediablemente”.

Esta semana el gobierno estatal, canceló dos reuniones a los colectivos, la cual encabezaría la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; la primera estaba prevista para este miércoles a las 12 del mediodía en Casa Guerrero, las familias buscadoras fueron informadas por Francisco Rodríguez que se posponía para el día viernes a la misma hora en el mismo lugar, pero esta mañana de jueves, algunas madres buscadoras recibieron llamadas de Rodríguez Cisneros y algunas otras del encargado de despacho de la CEBP, Alejandro García Solorio en la les informaron que la reunión fue pospuesta para el próximo lunes.