Difunden matrimonio infantil en zona rural de Acapulco
A pesar de las reformas que prohíben y penalizan estas uniones en el estado, la comunidad de Huamuchitos celebró una boda de dos adolescentes de 13 años bajo el amparo de los usos y costumbres
Itzel Urieta. Chilpancingo, 19 de mayo 2026
La celebración de una unión entre dos menores de 13 años en la comunidad de Huamuchitos, en la zona rural de Acapulco, fue difundida en redes sociales mediante un video del festejo realizado con familiares e integrantes de la localidad.
La grabación fue compartida con el título “Festejo Matrimonial Jesús y Jennifer en Huamuchitos” y muestra a los adolescentes durante una ceremonia y convivencia organizada en una cancha techada del poblado.
En el video también se observa el traslado de los menores en una camioneta de transporte comunitario antes del inicio del evento, además de las actividades relacionadas con la preparación de alimentos para los invitados.
Huamuchitos forma parte de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Durante 2025 se reportaron otros casos de uniones entre menores en Guerrero; entre ellos, otra ceremonia en la misma comunidad de Huamuchitos y una más protagonizada por niños de 12 años en San Pedro Cuitlapan, municipio de Tlacoachistlahuaca.
En estas comunidades es frecuente que las bodas sean pactadas por los padres como parte de los usos y costumbres, aunque en México el matrimonio infantil está prohibido a nivel federal desde 2019, cuando se reformó el Código Civil Federal para establecer la edad mínima de 18 años. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2019.
En Guerrero, el Congreso local reformó el Código Civil en mayo de 2022 para prohibir el matrimonio infantil al establecer los 18 años como edad mínima sin excepciones para casarse, eliminando cualquier posibilidad de consentimiento de padres o tutores. Esto armonizó la legislación estatal con la federal.
El 3 de abril de 2025, el Congreso local reformó el Código Penal para castigar con penas de entre cinco y 15 años de prisión a quienes obliguen a menores a vivir en relaciones equiparables al matrimonio.
Asimismo, la ley contempla penas de 3 a 10 años de cárcel para quienes gestionen o se beneficien de estas uniones.
Las sanciones aumentan si el responsable es familiar de la víctima o si pertenece a una comunidad indígena o afromexicana.
