Impugnan ante el Congreso propuesta de Saúl Montúfar como magistrado del TSJ por presunto adeudo alimentario
Un ciudadano presentó un oficio de inconformidad ante la Comisión de Asuntos Políticos señalando un juicio familiar por pensión alimenticia y una carpeta de investigación en contra del aspirante propuesto por la gobernadora
Itzel Urieta. Chilpancingo, 15 de mayo 2026
Un ciudadano presentó, ante la Comisión de Asuntos Políticos del Congreso local, un oficio de inconformidad y oposición en contra de la propuesta de designar a Saúl Montúfar Mendoza como magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, al señalar presuntos antecedentes de incumplimiento de obligaciones alimentarias y la existencia de una carpeta de investigación en su contra.
El documento, dirigido al presidente de la Comisión, Héctor Suárez Basurto, fue recibido el pasado 13 de mayo y solicita revisar si el perfil cumple con los principios de “honorabilidad y probidad” requeridos para ocupar el cargo.
La propuesta fue realizada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En el escrito se argumenta que, tras la reciente reforma constitucional en Guerrero, los nombramientos provisionales dentro del Poder Judicial deben recaer en personas con “trayectoria limpia, honorabilidad, competencia y antecedentes intachables”.
Por ello, el promovente pidió valorar distintos antecedentes judiciales relacionados con Montúfar Mendoza.
El ciudadano señaló que el aspirante enfrenta un juicio familiar, radicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, relacionado con la pensión alimenticia para un adolescente.
Explicó que actualmente se le realizan descuentos vía nómina por concepto de pensión alimenticia provisional; sin embargo, precisó que existió un presunto incumplimiento previo y cuestionó que Montúfar Mendoza no aparezca inscrito en el padrón de deudores alimentarios.
El escrito también refiere la existencia de una carpeta de investigación iniciada en Chilpancingo “por hechos posiblemente constitutivos de delito”, aunque en el oficio no se especifica de qué delito se trata.
Ante esto, el promovente solicitó al Congreso pedir información oficial tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado (FGE) antes de resolver sobre el nombramiento.
