Tula, pueblo fantasma; solo se escuchan los ladridos de perros enmedio de casas quemadas y animales muertos
Ataques con drones y armas de alto poder convirtieron a comunidades de Chilapa en pueblos fantasmas. Los pobladores denunciaron abandono gubernamental y desconfían de la visita del gobierno federal y estatal
Jesús Guerrero. Alcozacán, Chilapa, 14 de mayo 2026
“Dios está conmigo”, se lee en la pared de la habitación de una casa que quedó destruida por los ataques armados que sacudieron a las 30 familias de Tula. Sin habitantes, Tula es casi un pueblo fantasma. Solo se escuchan los ladridos de los perros y el cacaraquear de las gallinas que andan desperdigadas por las calles. Un puerco está atado con un mecate en el patio de una casa.
Dos viviendas en trizas y un caballo muerto que está tirado en una parcela es lo que se observa en la entrada de esta comunidad que, junto con los pueblos vecinos de Xicotlán y Acahuehuetlán, fueron atacados con disparos de arma de fuego y drones con explosivos que accionaron miembros de un grupo criminal desde el pasado jueves 7 de mayo.
Tula está ubicado a unos 400 metros de la localidad de Colotepec, y desde ahí fueron atacados por dicho grupo.
Todavía ayer miércoles se escucharon varios disparos de arma de fuego en los alrededores de Tula, a pesar del despliegue de fuerzas de seguridad federales y estatales.
Colotepec y Coatzingo, que están bajo el control de este grupo criminal, fue donde se organizaron los ataques armados contra los pobladores de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, quienes están bajo el cobijo del Consejo Indígena de Pueblos de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y su policía comunitaria.
La anciana Reyna Venancio, quien es vecina de Tula, cuenta que el pasado sábado ella y su hijo estaban a punto de comer cuando se escucharon los balazos y “las bombas”.
“Yo estoy enferma y, a pesar de que casi no puedo caminar, no sé cómo lo hice, pero junto con mi hijo nos metimos al cerro varias horas hasta llegar aquí muy noche”, dijo doña Reyna.
Entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, unas cien familias llegaron a Alcozacán caminando por el monte.
“Cuando veníamos en el monte escuchábamos los disparos y teníamos mucho miedo”, añadió.
Con los pies hinchados por tanto caminar, doña Reyna dice que no sabe cuándo va a regresar a su comunidad.
“Tengo miedo, pero tengo que regresar a mi casa, en donde dejé todo: mis animales, mi terreno, mis muebles”, indica.
En Tula viven entre 20 y 30 familias, y todas se salieron de sus casas, según doña Reyna.
Desde la mañana de este miércoles, los habitantes de Alcozacán y las familias desplazadas se concentraron en la cancha de usos múltiples para escuchar lo que les iba a decir la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado, quien, desde hace más de cuatro años que asumió el cargo, es la primera vez que visita estas localidades del municipio de Chilapa.
Uno de los reclamos que le hicieron a las dos funcionarias es la lentitud con la que actuó el gobierno para darles ayuda.
“Desde el jueves (7 de mayo), cuando empezaron los ataques, hablamos con autoridades del gobierno del estado para informarles lo que estaba pasando y no nos hicieron caso”, relata Sixto Mendoza Limpio, promotor del Cipog-EZ y quien coordina a un grupo de la policía comunitaria en Alcozacán. Estas autodefensas le hicieron frente al grupo criminal.
Durante los seis días de ataques, seis hombres —entre ellos cuatro policías comunitarios— resultaron muertos; además, hubo dos mujeres y un niño heridos.
Los seis cadáveres no han sido entregados a sus familiares. Sixto Mendoza atiende a un grupo de agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) con quienes hace el trámite para la entrega de los cuerpos.
El activista dice que, tras la visita de Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado, les queda un sentimiento de desconfianza, ya que, en primer lugar, no les informaron si habrá garantías para el regreso de las familias desplazadas a sus comunidades.
“Tampoco tenemos confianza de que la paz en nuestros pueblos será para siempre, ya que, si no detienen al grupo que nos agrede, seguramente nuevamente nos van a atacar”, expresó Sixto Mendoza.
Rosa Icela y Evelyn Salgado llegaron a Alcozacán alrededor de las diez de la mañana y se retiraron una hora después. Posteriormente, acompañadas por un convoy del Ejército, Marina y Guardia Nacional, se trasladaron a la comunidad de Coatzingo, y de la cual no se sabe si hubo víctimas derivadas de los ataques armados.
Para llegar a Coatzingo, el convoy que acompañó a la comitiva de gobierno entró por el crucero que conduce a la comunidad de El Jaguey, que es uno de los muchos sitios que conectan con el municipio de Quechultenango.
“No queremos regresar a nuestro pueblo”
La joven Lidia, de 25 años de edad y habitante de la comunidad de Xicotlán, dice que ella, su mamá y sus hermanos no quieren regresar a su pueblo porque tienen miedo de ser víctimas de agresiones nuevamente.
Con su mamá a su lado, a quien tiene que apoyar para que pueda caminar, Lidia y su hermana rompen en llanto.
“Nos dijeron que nos van a llevar a nuestro pueblo hasta el jueves de la otra semana, pero nosotros ya no queremos regresar porque tenemos mucho miedo”, dice.
Este miércoles, funcionarios del gobierno estatal les dijeron a las familias desplazadas que se hará un censo de los daños que sufrieron sus casas y, cuando haya condiciones, los van a acompañar para su regreso.
Y es que en Xicotlán, que está a 10 minutos de Alcozacán, todas las casas están abandonadas y muchas de ellas presentan huellas de orificios de bala.
Ayer miércoles, un grupo de agentes de la Guardia Nacional custodiaba la comisaría municipal, donde cayó muerto a balazos un policía comunitario del Cipog-EZ.
Una camioneta que fue incendiada por un dron con explosivos está a unos metros de una casa baleada.
“Mejor que nos lleven a Chilpancingo”, dice Lidia.
“Nos salimos de la casa y corrimos hacia el monte para poder llegar aquí”.
Cuenta que los ataques empezaron desde el jueves 7 de mayo y, pese a ello, todavía resistieron encerrados en sus casas. Sin embargo, el sábado 9 de mayo aumentaron los ataques a balazos y “bombas”, y todas las familias de Xicotlán salieron para buscar auxilio en Alcozacán.
Por la violencia desatada en esta zona de población indígena nahua, las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y bachillerato de 12 comunidades están cerradas, debido a que los maestros no quieren acudir para impartir clases.
El promotor del Cipog-EZ, Sixto Mendoza Limpio, dijo que en Alcozacán se están acabando los víveres.
“Nos falta comida y, si bien es cierto que a las familias de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán se les entregaron despensas, eso no es suficiente”, señaló el activista.
Alrededor de las 13:00 horas, Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado salieron de la comunidad de Coatzingo y se dirigieron hacia Chilpancingo.
Después de la visita de las funcionarias a esta zona, en la carretera Chilapa-Hueycantenango —que está repleta de baches y falta de mantenimiento— ya no se observó el despliegue de fuerzas de seguridad. Todavía se escucharon algunas detonaciones de arma de fuego, al parecer, entre los cerros.
