Reclaman desplazados de Chilapa al gobierno por desatención ante ataques armados

Habitantes de comunidades nahuas encararon a funcionarios estatales por la falta de auxilio oportuno tras incursiones de “Los Ardillos”; mientras fuerzas federales desplegaron un operativo masivo, el recuento de daños arroja viviendas incendiadas, saqueos y un saldo preliminar de muertes y desapariciones

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Jesús Guerrero. Chilpancingo, 12 de mayo 2026

Habitantes de comunidades del municipio de Chilapa hicieron reclamos a funcionarios estatales por la falta de prontitud para brindarles ayuda durante los ataques que sufrieron durante cuatro días por parte de “Los Ardillos”, los cuales dejaron un saldo de cuatro policías comunitarios muertos, una mujer herida, así como viviendas incendiadas y saqueadas.

“Si el Ejército no se hubiera ido…”, le reclamó un hombre al subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, quien paró en seco al lugareño.

“Aquí no es el momento de debatir”, atajó el funcionario estatal.

Uno de los comisarios le reclamó al funcionario estatal que, antes de que ocurrieran los ataques armados, se le llamó para que se tomaran acciones preventivas.

“No venimos a ningún tipo de confrontación y no permitan que haya confrontación porque son momentos de ayudarles”, respondió Francisco Rodríguez.

Otro de los desplazados le pidió a Francisco Rodríguez que se hiciera una asamblea en la explanada de la iglesia de la comunidad de Alcozacán, que es donde, desde el pasado sábado por la noche, los habitantes de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán están refugiados.

“¿Pero no nos van a mentir otra vez?”, le dijo el individuo al funcionario.

“Déjanos trabajar, después debatimos porque el tiempo apremia y nunca les hemos mentido”, respondió Francisco Rodríguez en tono molesto.

El subsecretario le recordó a su interlocutor que en 2022 se había establecido un acuerdo de paz, “pero no sabemos qué pasó”.

El convoy —según la Secretaría de Gobernación—, compuesto por 690 soldados del Ejército, 400 de la Guardia Nacional, 200 policías estatales y cinco helicópteros, se desplegó por la zona.

Integrantes de la Organización por la Paz y la Justicia retiraron su retén, el cual instalan en el crucero que conduce a la comunidad de El Jaguey, del municipio de Quechultenango, y que es uno de los centros de operaciones del grupo criminal de “Los Ardillos”.

Este lunes, el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez, y un convoy de fuerzas de seguridad que se dirigían a Alcozacán fueron retenidos por este grupo y, tras ser liberados, se regresaron a Chilpancingo.

Mientras el convoy de fuerzas de seguridad encabezado por el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Ledesma Osuna, y Francisco Rodríguez entraban a Alcozacán, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario César Yáñez, junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, instalaron su centro de mando en las oficinas del Palacio de Gobierno, en Chilpancingo.

Los dos funcionarios federales ingresaron directamente a las oficinas de la gobernadora a través de un elevador privado que está en el estacionamiento del Palacio.

Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo de Pueblos Indígenas de Guerrero Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ), informó que en el recorrido que se realizó este martes se localizaron los cadáveres de dos policías comunitarios, uno en la comunidad de Tula y otro en Xicotlán.

Señaló que hay otros cuatro autodefensas desaparecidos y no se descarta que sean los cuatro cadáveres que fueron hallados este lunes en la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de la comunidad de Papaxtla.

Otros 15 lugareños que estaban reportados como desaparecidos fueron encontrados en los cerros y dijeron que se escondieron ahí para ponerse a salvo de los ataques armados.

Jesús Plácido dijo que uno de los acuerdos es que la seguridad en la zona sea en forma permanente y que el gobierno pague los daños provocados por “Los Ardillos”.

“Hay más de cien viviendas incendiadas en las tres comunidades (Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán) y la gente perdió sus enseres domésticos porque sus casas fueron saqueadas”, expresó el líder del Cipoeg-EZ.

Según Jesús Plácido, la gente le pidió a los funcionarios que detengan a los dirigentes del grupo criminal de “Los Ardillos”.

Mencionó que, con la llegada de las fuerzas de seguridad, la gente poco a poco está regresando a sus comunidades, en donde hasta la tarde de este martes se seguía realizando el recuento de daños.

En un video que distribuyó el gobierno del estado, Francisco Rodríguez les dijo a los lugareños que el gobierno no dialoga con “gente que está fuera de la ley”.

“Nosotros dialogamos con la gente de bien y por eso estamos aquí para resolver el problema”, concluyó el funcionario estatal.