Reporta gobierno de Guerrero solo a 90 desplazados en Chilapa
Tras los ataques armados y con drones en la Montaña baja, autoridades estatales instalaron tres bases de operaciones interinstitucionales, mientras que organizaciones indígenas acusan omisión gubernamental ante la violencia criminal
Itzel Urieta. Chilpancingo, 10 de mayo 2026
El gobierno del estado informó que tiene registro de 90 personas desplazadas de la comunidad de Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, luego de los hechos de violencia denunciados en comunidades indígenas de la Montaña baja.
La cifra contrasta con la denuncia del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), que reportó el desplazamiento de unas 800 familias.
En un comunicado, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que desde el pasado 7 de mayo reforzaron la presencia institucional en comunidades de Chilapa, después de los reportes de agresiones armadas en la localidad de Tula.
De acuerdo con el funcionario, en la zona fueron instaladas tres bases de operaciones en las localidades de Coatepec, Chimaltepec y San Jerónimo Palantla, cercanas a Alcozacán y Tula, donde participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Policía Estatal.
Rodríguez Cisneros aseguró que el gobierno estatal mantiene diálogo con comisarios y autoridades comunitarias para atender el conflicto y generar condiciones de estabilidad en la región.
“El gobierno del estado ha insistido en privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos para atender esta situación y restablecer la tranquilidad en la región”, se lee en el comunicado.
El funcionario agregó que, para las familias desplazadas, se activó un protocolo de atención interinstitucional mediante distintas áreas gubernamentales.
Desde el 7 de mayo, el CIPOG-EZ denunció ataques armados y con drones por parte de un grupo criminal de la zona en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. A través de videos, los pobladores pidieron la intervención del gobierno estatal y federal.
El CIPOG-EZ también acusó omisión y complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, y aseguró que los operativos de seguridad únicamente realizaron recorridos “sin detener a nadie ni realizar acciones reales”.
