Proponen reforma al Código Penal de Guerrero para castigar como delito el intento de feminicidio
El proyecto propone sanciones de 20 a 40 años de prisión, además de multas económicas, pérdida de la patria potestad sobre hijas e hijos de la víctima y reparación integral del daño. Las penas se agravará cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, mujer con discapacidad o cuando participen varias personas o el agresor sea servidor público
Itzel Urieta. Chilpancingo, 11 de marzo 2026
Foto: Óscar Guerrero
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Leticia Mosso Hernández, presentó una iniciativa para que el intento de feminicidio sea reconocido y castigado como un delito específico en el Código Penal del estado, con el objetivo de fortalecer la protección de las mujeres víctimas de violencia extrema.
La propuesta plantea adicionar los artículos 135 Bis y 135 Ter al Código Penal del estado para reconocer legalmente cuando una persona realiza actos dirigidos a privar de la vida a una mujer por razones de género.
La legisladora local expuso que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que persiste en Guerrero y que muchas veces culmina en feminicidio tras una cadena previa de agresiones, amenazas o intentos de feminicidio que no son atendidos con la debida diligencia.
“Las tentativas de feminicidio no son hechos fallidos ni conductas marginales, son actos de violencia extrema que revelan una intención clara, directa e inequívoca de privar de la vida a una mujer por razones de género”, dijo Mosso Hernández en tribuna.
El proyecto propone que se comete tentativa de feminicidio quien realice actos directos para causar la muerte de una mujer, como estrangulamiento, asfixia, golpes en órganos vitales o cualquier agresión que médicamente provoque la muerte, cuando existan además razones de género.
De acuerdo con Mosso Hernández, las sanciones son de 20 a 40 años de prisión, además de multas económicas, pérdida de la patria potestad sobre hijas e hijos de la víctima y reparación integral del daño.
Prevé que el delito amerite prisión preventiva oficiosa y que las penas se agraven cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, mujer con discapacidad, cuando participen varias personas o el agresor sea servidor público.
El proyecto también propone sancionar a funcionarias y funcionarios que omitan actuar ante casos de violencia de género. En estos casos se contemplan penas de tres a ocho años de prisión, además de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Justicia y Para la Igualdad de Género del Congreso.
